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El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que anuló una sentencia que otorgaba una indemnización por la investigación penal no resuelta a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya, suscitó controversia. La resolución fue criticada por el abogado de la familia de Atahualpa, Fabio Igoldi, quien señaló inconsistencias y posibles conflictos de interés en la actuación de los jueces implicados.
Según Igoldi, es inusual que el STJ revise un fallo de daños y perjuicios en casi una tercera instancia y lo revoque basándose en hechos, salvo en casos excepcionales que no parecen aplicables en esta situación. Además, destaca que los cinco jueces involucrados en el caso están demandados en el expediente, lo que plantea un posible conflicto de interés en su intervención.
El STJ determinó que no existe un vínculo jurídico entre las acciones de los operadores judiciales y el resultado de impunidad del caso. Esta decisión se centra en dos aspectos específicos: la prueba de ADN en una campera y la falta de inspección en un local. Según el tribunal, estas dos pruebas no fueron determinantes para establecer la impunidad del caso.
El juez Sergio Baroto, integrante del actual STJ, también fue parte del Consejo de la Magistratura que votó por la sanción de la doctora Zagari por “mal desempeño de su función” mientras fue fiscal en la investigación del crimen de Atahualpa Martínez Vinaya, y ahora está involucrado en el fallo actual.
Igoldi subraya que las afirmaciones del STJ contradicen las conclusiones previas del Consejo, que había identificado al menos trece fallos graves en la investigación judicial, desde allanamientos dudosos hasta violencia institucional ejercida sobre testigos.
La doctora Piccinini, jefa de fiscales en el momento de los hechos y otra figura central en la controversia, también intervino en el expediente. Igoldi señala que Piccinini tomó decisiones cruciales, como enviar a la doctora Zagari a un curso en Bariloche a solo 24 horas del inicio de la investigación, lo que alteró significativamente el curso de la misma.
Por ultimo, el abogado anticipó que este fallo les llevará a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, tras plantear un recurso extraordinario que esperan sea declarado inadmisible por el STJ. El objetivo es encontrar justicia ante lo que consideran una actuación inadecuada y contradictoria del Poder Judicial de Río Negro.
En diciembre de 2022, en un inédito fallo de la Justicia Civil se condenó al Poder Judicial de Río Negro a pagar un resarcimiento económico de $6.380.000 a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya el joven universitario asesinado el 15 de junio de 2008 en Viedma y cuyo caso aún permanece impune.
24 noviembre 2024
Judiciales