La reciente decisión del gobierno provincial de Río Negro de no renovar los contratos de más de 400 agentes públicos generó un fuerte rechazo por parte de la legisladora Magdalena Odarda. La medida, que impacta principalmente a trabajadores de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, fue cuestionada por la parlamentaria, quien considera que esta decisión no solo pone en riesgo la continuidad de derechos fundamentales, sino que también constituye un acto discriminatorio e inconstitucional.

Según datos oficiales, el Gobierno Provincial prorrogó por tres meses la mayoría de los contratos vencidos al 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la Función Pública envió nóminas a las distintas áreas de gobierno con los nombres de los trabajadores a quienes no se renovará el contrato. En su mayoría, se trata de personal del Ministerio de Educación, donde se contabilizan cerca de 400 no renovaciones, especialmente en tareas bajo modalidad de horas cátedra.

Odarda expresó su preocupación al señalar que la medida se justifica bajo criterios como el nivel de ausentismo o la adhesión a huelgas convocadas por sindicatos. Esta situación fue previamente mencionada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien en octubre pasado había manifestado que el ausentismo era un problema en varias áreas del gobierno. Para Odarda, esta justificación vulnera el derecho constitucional a la huelga y constituye una clara persecución laboral hacia los trabajadores del sector público.

La legisladora también destacó que esta medida se inserta en un contexto más amplio de ajuste en las políticas provinciales, que replica los recortes impulsados a nivel nacional. "El desmantelamiento de los trabajadores en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social no solo precariza las condiciones laborales, sino que también afecta gravemente a las poblaciones más vulnerables que dependen de estos servicios", sostuvo Odarda.

Además, señaló que mientras se avanza en la entrega de recursos naturales a través de proyectos extractivistas, muchos de los cuales benefician a capitales extranjeros, el Gobierno Provincial opta por despedir trabajadores esenciales para la comunidad. "Es inadmisible que mientras se entregan nuestras riquezas, se despidan trabajadores en áreas clave. Estas políticas son el reflejo de una gestión que prioriza los intereses externos por encima de las necesidades de nuestra gente", afirmó la legisladora.

En su análisis, Odarda recordó que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. "Negar la renovación de contratos a quienes participaron en medidas de fuerza es un acto arbitrario e ilegal que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia", concluyó la legisladora, exigiendo que el gobierno revierta esta decisión y respete los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

A través de sus declaraciones, Odarda hizo un llamado urgente al Gobierno Provincial para que cese con las prácticas que deterioran las condiciones laborales y que priorice los derechos de los trabajadores y el bienestar de la sociedad en general.