Disponen medidas por acoso digital a una adolescente

El fallo prohíbe al acusado acercarse a la víctima y ordena medidas de protección en el ámbito educativo

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Una adolescente de una localidad cercana a General Roca fue protegida por medidas judiciales tras denunciar acoso digital y violencia física por parte de un compañero del colegio. La denuncia fue presentada por la madre de la joven, quien detalló episodios de intimidación, mensajes de contenido sexual, envío de fotos explícitas y una agresión física durante una actividad escolar.

El caso salió a la luz cuando la adolescente informó a un tallerista del colegio que era acosada por redes sociales. Posteriormente, la madre de la joven realizó la denuncia en la que señaló que su hija recibía mensajes inapropiados, imágenes explícitas y había sido víctima de agresión física. La denuncia también mencionó que otras estudiantes habían experimentado situaciones similares con el mismo compañero.

La jueza interviniente ordenó medidas preventivas inmediatas, entre ellas, la prohibición al denunciado de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, incluyendo su domicilio, el colegio y otros lugares que frecuenta. Esta restricción, con un plazo inicial de 160 días, busca proteger a la adolescente de nuevos episodios de acoso o intimidación. Asimismo, el acusado deberá abstenerse de realizar cualquier contacto con la víctima, ya sea directo o a través de medios digitales. La magistrada advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones será considerado un delito penal conforme al Código Penal.


Protección en el ámbito escolar

Dado el contexto educativo, la jueza instruyó a las autoridades escolares a implementar medidas específicas para garantizar la seguridad de la adolescente. Se solicitó a la Supervisión del Nivel Secundario y al Consejo Provincial de Educación que adopten acciones que eviten que el denunciado comparta espacios con la víctima. Además, se les pidió que resguarden la identidad de la joven y prevengan situaciones similares en el colegio.

Estas disposiciones buscan no solo proteger a la víctima, sino también generar un entorno escolar más seguro y libre de violencia para todos los estudiantes.

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