Legisladores de la oposición cuestionan el impacto negativo en familias y sectores productivos

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Desde el bloque Vamos con Todos se expresó el rotundo rechazo al aumento tarifario del 13% solicitado por EdERSA en la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Los legisladores de esta bancada, Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé, coincidieron en señalar que la medida es injustificada y desmedida, afectando a diversos sectores de la población y la economía rionegrina, especialmente a las familias, las pequeñas y medianas empresas, y la industria frutícola.

Magdalena Odarda, quien es autora de la Ley 5.758 que protege a los sectores más vulnerables de la sociedad, hizo hincapié en la vulneración de esta norma al permitir cortes de suministro eléctrico en grupos de extrema fragilidad social, como madres solteras, jubilados con haberes mínimos y personas desocupadas. La legisladora aseguró que este aumento, de ser aprobado, contravendría el espíritu de la ley y perjudicaría gravemente a los sectores que más necesitan protección.

Odarda también subrayó las consecuencias negativas que este incremento tendría sobre la fruticultura en la provincia. La legisladora destacó que, en un contexto de crisis que ya ha provocado la pérdida de numerosos productores, el aumento de la tarifa eléctrica sería un golpe adicional a la pequeña y mediana fruticultura, provocando un perjuicio irreparable. En este sentido, respaldó las críticas de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria de Cipolletti y la CAIC de General Roca, quienes han denunciado la falta de transparencia en la determinación de las tarifas eléctricas, además de señalar que el costo de la electricidad ha aumentado un 1428% entre 2023 y 2025, según estudios del CONICET y la UBA.

Por su parte, Luciano Delgado Sempé también expresó su enérgico rechazo al aumento tarifario durante su intervención en la audiencia pública. En sus declaraciones, el legislador peronista cuestionó duramente al EPRE, instando a que si la entidad no está dispuesta a defender los intereses de los usuarios frente a estos aumentos, debería ser disuelta. Delgado Sempé explicó que, si bien la empresa justifica el aumento debido a la inflación, los incrementos de EdERSA superan el 100% en lo que va de 2024, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza un 62%. Esto, a su juicio, convierte el incremento en excesivo e injustificado.

El legislador también señaló que la solicitud de EdERSA de trasladar a los usuarios los costos derivados de los daños ocasionados por los incendios en El Bolsón y el tornado que afectó a Fernández Oro y Allen es ilegal. Según el contrato de concesión de la empresa, los aumentos de tarifas deben justificarse en inversiones para la mejora de la infraestructura, no en la reposición de pérdidas derivadas de desastres naturales, para lo cual existen seguros que deben cubrir esos costos. "Asumir esos riesgos es parte de la responsabilidad empresarial", agregó Delgado Sempé.

En relación con el impacto social del aumento, el legislador también destacó que los nuevos aumentos afectarían principalmente a las familias, comerciantes y pequeñas empresas, que ya están atravesando serias dificultades económicas. "Este aumento no solo es un golpe para los usuarios, sino también para la economía provincial en general", expresó.

Delgado Sempé también criticó al municipio de Cipolletti y al oficialismo provincial por respaldar el incremento tarifario. Según el legislador, el apoyo del municipio y de Juntos Somos Río Negro a EdERSA deja claro que las autoridades locales están alineadas con los intereses de la empresa y no con la defensa de los consumidores. "Es lamentable que el Municipio de Cipolletti apoye este aumento, que no hace más que perjudicar a los rionegrinos y rionegrinas", concluyó el legislador.

Ambos legisladores, tanto Odarda como Delgado Sempé, anticiparon que seguirán exigiendo al EPRE que cumpla con su rol de regulador en beneficio de los usuarios y no en favor de intereses empresariales, buscando garantizar que las tarifas eléctricas sean justas y razonables para todos los sectores de la sociedad.