El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de cometer diversos delitos en un contexto de violencia de género contra su expareja. La medida fue dispuesta luego de una serie de hechos que motivaron la intervención policial y judicial, y derivó en la prisión preventiva del imputado por un plazo de cuatro meses.
La situación se inició cuando la policía recibió una alerta mediante el sistema de emergencias 911. El aviso daba cuenta de un episodio de agresión ocurrido cuando el hombre intentó ingresar sin autorización a la vivienda que había compartido con la mujer en el barrio 22 de Abril. En ese primer incidente, el imputado profirió amenazas y, tras retirarse, regresó al poco tiempo al mismo domicilio.
Fue uno de los hijos de la pareja quien logró contactar nuevamente al 911, lo que permitió la intervención del personal policial. En ese momento se dispusieron medidas cautelares para el agresor y se le entregó a la víctima un botón antipánico. La fiscalía inició entonces una investigación penal preparatoria, en la que también participó la Oficina de Investigación a la Víctima.
Durante el avance de las pesquisas se recabó información sobre otros episodios similares que, hasta ese momento, no habían sido denunciados formalmente. Mientras se esperaba la declaración testimonial de un niño a través del dispositivo de Cámara Gesell, el acusado volvió a presentarse en el domicilio y reiteró las agresiones. Fue aprehendido en el lugar y quedó detenido hasta la audiencia de formulación de cargos.
En dicha audiencia, la fiscalía le imputó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, violación de domicilio, amenazas, resistencia a la autoridad y desobediencia judicial. Entre las pruebas presentadas se incluyeron la denuncia penal original, una segunda presentación efectuada por la víctima, el acta del procedimiento policial y las actuaciones del sistema de emergencias.
La Defensa no presentó objeciones a la formulación de cargos. El magistrado interviniente resolvió entonces la apertura formal de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, y ordenó la prisión preventiva del acusado por el mismo término, a fin de resguardar el proceso y garantizar la producción de pruebas pendientes.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se mantendrán las medidas de protección para la víctima y su entorno, mientras se profundiza la investigación sobre los hechos denunciados.
7 abril 2025
Judiciales