El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra dos hombres en el marco de investigaciones por hechos de violencia de género contra sus ex parejas. En ambos casos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y los jueces de garantías intervinientes resolvieron imponer la medida cautelar para asegurar el avance de los procesos judiciales.

La primera audiencia se desarrolló en Viedma, donde se acusó a un hombre de ingresar al domicilio de su ex pareja en contra de su voluntad, el domingo pasado alrededor de las 21 horas. Según la acusación, dentro de la vivienda arrojó al suelo distintos objetos y agredió físicamente a la mujer mediante golpes, patadas y maniobras de ahorcamiento, provocándole lesiones en brazos, muslos y piernas. Antes de retirarse, habría proferido amenazas de muerte.

La calificación legal de estos hechos incluye violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y amenazas, en concurso real.

En otra audiencia realizada este mediodía, se imputó a un segundo hombre por desobediencia judicial continuada. La acusación señala que ingresó de manera reiterada al domicilio de su ex pareja entre fines de agosto y al menos hasta el 9 de septiembre de este año, en contra de la voluntad de ella. Los episodios habrían ocurrido casi a diario, con agresiones físicas y daños materiales.

La fiscalía recordó que el imputado había sido notificado en mayo de medidas judiciales de restricción que le prohibían actos de perturbación o acercamiento. Como prueba se presentaron declaraciones de la víctima y de una hermana, quien denunció incumplimientos reiterados. También se incorporaron testimonios que refieren temor a declarar y se mencionó que la mujer carece de teléfono propio debido a daños sufridos en dispositivos anteriores.

Pese a la oposición de la defensa, el juez de garantías resolvió imponer la prisión preventiva en este segundo caso.

De esta manera, ambas investigaciones continuarán con los imputados privados de libertad, a fin de resguardar testimonios —incluidos los de menores de edad— y garantizar la producción de pruebas pendientes.