Por José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao (*)
La respuesta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro al Pedido de Informes 1557/2025, presentado por el bloque Vamos con Todos en relación al crimen del joven Carlos Petrini Norambuena, no es un simple acto administrativo. Es una definición política. Negarse a brindar información a la Legislatura invocando un acuerdo institucional posterior a la solicitud legislativa, que ni siquiera figura publicado en su propia página web y escudarse en una interpretación restrictiva de la “materia jurisdiccional” implica, en los hechos, clausurar un mecanismo constitucional de control democrático.
Lo que el STJ sostiene es que la Legislatura no puede requerir información vinculada al actuar jurisdiccional porque ello solo compete a las partes de un proceso. Sin embargo, la Constitución de Río Negro vigente es clara: en su artículo 139 inciso 5 establece que la Legislatura puede requerir a los Poderes Judicial y Ejecutivo “los informes que considere necesarios conforme lo reglamente”. No se trata de una concesión graciosa, sino de una atribución expresa. Una herramienta de equilibrio entre poderes. Un principio básico de la vida republicana.
La ley K 2216, con sus modificaciones posteriores, no hace otra cosa que reglamentar esa facultad constitucional. Sus primeros artículos no distinguen ni excluyen al Poder Judicial. Hablan de “todos los pedidos de informes requeridos por la Legislatura según el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Provincial”. La norma fija plazos, establece procedimientos y define responsabilidades. Pretender ahora que solo rige para la función administrativa del Ejecutivo es, cuanto menos, una reinterpretación conveniente para quienes prefieren no responder.
Desde el bloque Vamos con Todos sostenemos que aquí no se está discutiendo una intromisión en un expediente ni una violación de la independencia judicial. Se trata de otra cosa: del derecho del Poder Legislativo —y, por extensión, de la ciudadanía— a conocer información institucional frente a un hecho de enorme gravedad pública. La negativa del STJ no protege la independencia; protege la opacidad.
“Cuando la Justicia se niega a informar, no está defendiendo la independencia de poderes, está defendiendo privilegios y cerrándole la puerta a la sociedad. Claramente, es una Justicia manejada por el gobernador Weretilneck.
La frase sintetiza un malestar que no es nuevo y que vuelve a aparecer cada vez que un organismo estatal decide que el control democrático es una molestia y no una obligación. La invocación de un acuerdo institucional no publicado agrava la situación. Si una resolución interna del Poder Judicial puede utilizarse para bloquear un pedido de informes emanado de la Legislatura, entonces el sistema de frenos y contrapesos queda reducido a una formalidad vacía. La transparencia deja de ser regla para convertirse en excepción discrecional.
En Río Negro se está naturalizando una connivencia peligrosa entre el Poder Ejecutivo y un sector del Poder Judicial que actúa más como socio que como poder independiente. No es una acusación liviana. Es la lectura de un patrón que el bloque vincula con otros antecedentes donde la Justicia parece reaccionar con celeridad cuando se trata de intereses del poder y con parsimonia o silencio cuando lo que se pide es información pública. La discusión, entonces, excede un expediente y un caso puntual. Interpela el modo en que se concibe la relación entre poderes del Estado. Una Legislatura que no puede pedir informes es una Legislatura debilitada. Una Justicia que decide qué responde y qué no, amparándose en acuerdos no publicados, es una Justicia que se coloca por encima del control ciudadano.
El crimen de Petrini Norambuena exige respuestas institucionales claras, no murallas de formalismos. La negativa del STJ no solo posterga información: instala la idea de que hay zonas vedadas al escrutinio democrático. Y en una provincia donde la Constitución y las leyes establecen lo contrario, esa postura no es neutral. Es una toma de posición.
La transparencia no puede depender del humor de los jueces ni de acuerdos que nadie conoce. La democracia se sostiene con información, no con silencios. En ese punto se juega algo más profundo que una disputa jurídica: se juega la calidad real de las instituciones y la voluntad de someter el poder a la luz pública.
(*) Legisladores y Legisladoras Bloque Vamos con Todos
4 febrero 2026
Opinion