Mango cuestionó la suspensión de prestaciones del PAMI

Presentó un proyecto para que el organismo informe sobre deudas y medidas ante el conflicto con prestadores

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El diputado nacional Marcelo Mango (Unión por la Patria) expresó su rechazo a la suspensión y restricción de prestaciones médicas del PAMI en clínicas y sanatorios de Río Negro y Neuquén, y cuestionó al Gobierno nacional por la falta de garantías en la continuidad de la atención a personas jubiladas y pensionadas.

El pronunciamiento se produjo luego de que centros privados limitaran la atención ante atrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles. Según señaló el legislador, la interrupción de estudios, consultas y tratamientos impacta de manera directa en la salud y en la calidad de vida de quienes dependen de esa cobertura.

En este contexto, Mango recordó que el 6 de febrero presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) informe el estado de deuda con los prestadores, los cronogramas de pago, la política arancelaria vigente y las medidas de contingencia previstas para garantizar la continuidad de la atención, con especial foco en las provincias patagónicas.

Asimismo, legisladores y legisladoras del bloque Unión por la Patria solicitaron que el ministro de Salud, Mario Lugones, y el director ejecutivo del INSSJP–PAMI, Esteban Leguízamo, concurran a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre las razones de la suspensión de prestaciones y detallar las acciones adoptadas para resolver el conflicto.

El diputado planteó la necesidad de una solución que contemple la regularización de pagos, previsibilidad financiera para los prestadores y el desarrollo de instancias de diálogo institucional, con el objetivo de evitar un agravamiento del escenario y eventuales impactos en los sistemas públicos de salud provinciales y municipales.

La situación se da en un contexto de tensión entre el organismo nacional y prestadores privados en distintas jurisdicciones, con repercusiones en la atención de personas mayores y otros grupos que acceden a servicios a través del PAMI.


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