La Asamblea de Jubilados y Jubiladas en Lucha de Bariloche envió una carta a las y los legisladores de Río Negro para reclamar el tratamiento urgente de un proyecto que busca garantizar la continuidad de los servicios públicos domiciliarios esenciales y evitar cortes por falta de pago en hogares vulnerables.

La nota, fechada el 27 de febrero de 2026 en San Carlos de Bariloche, fue dirigida a la totalidad de la Legislatura provincial. Allí solicitan que se dé prioridad al debate y aprobación de la iniciativa presentada por los bloques peronistas PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.

En el texto, la Asamblea recordó que durante años estuvo vigente una normativa provincial que impedía el corte de electricidad, gas y agua potable a jubiladas y jubilados que percibían el haber mínimo, personas desempleadas y familias en situación de vulnerabilidad social. Esa herramienta fue prorrogada sucesivamente hasta fines de 2025, pero no fue renovada tras su vencimiento.

Según expresaron, actualmente no existe un resguardo legal que contemple la situación de quienes no pueden afrontar el pago de las tarifas. La organización planteó que el contexto económico impacta en jubiladas, jubilados y sectores populares, cuyos ingresos —indicaron— no alcanzan para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos al mismo tiempo.

El proyecto cuya aprobación solicitan no contempla la condonación de deudas ni medidas que afecten el financiamiento de las empresas prestatarias. En cambio, propone la suspensión de cortes para sectores definidos, la incorporación del agua potable como servicio esencial, la obligación de ofrecer planes de pago y la implementación de mecanismos de control ante posibles incumplimientos.

Desde la Asamblea de Jubilados y Jubiladas en Lucha de Bariloche señalaron que la falta de tratamiento legislativo tiene efectos concretos en la vida cotidiana de personas mayores y familias vulnerables, especialmente en una provincia donde las condiciones climáticas requieren acceso continuo a calefacción y servicios esenciales.

La nota, que lleva la firma de la organización, insta a las y los representantes provinciales a asumir el tratamiento del proyecto como una decisión vinculada al acceso a derechos básicos y a dar una respuesta institucional frente a la situación planteada.