Un funcionario municipal fue imputado por agredir físicamente a dos personas durante un acto institucional realizado en un gimnasio de Bariloche. El hecho ocurrió el 2 de marzo de 2026, en el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Según la acusación fiscal, el hombre —quien se desempeña como colaborador directo del intendente— se dirigió hacia el sector donde un grupo de personas llevaba adelante una protesta pacífica con carteles.

En ese contexto, tras un intercambio verbal, habría golpeado con el puño en el rostro a uno de los manifestantes, provocándole una lesión contusa en el pómulo izquierdo.

De acuerdo a la imputación, en ese mismo episodio también resultó lesionada una mujer que se encontraba junto a la víctima e intentaba resguardarlo, quien sufrió heridas en la zona nasal y supraciliar.

Las lesiones de ambas personas fueron calificadas como leves, con un tiempo de curación estimado inferior a un mes.

La querella adhirió a la acusación y remarcó la condición de funcionario público del imputado, en función de las tareas que desempeña dentro del municipio de Bariloche.

Para sustentar la imputación, la Fiscalía presentó distintos elementos probatorios, entre ellos las denuncias realizadas por las personas lesionadas el mismo día del hecho, certificados médicos, un informe del Cuerpo de Investigación Judicial con registro fotográfico y entrevistas a las víctimas realizadas con intervención de la Oficina de Asistencia a la Víctima.

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Tensión y golpes en la apertura de sesiones en Bariloche (Video)

Por su parte, la defensa técnica del imputado indicó que no se opondría a la formulación de cargos ni al plazo de investigación, aunque adelantó que sostendrá una versión distinta de los hechos.

En ese sentido, planteó la existencia de una posible provocación previa que no habría sido considerada en la acusación y cuestionó la presentación fiscal por entenderla parcial.

Además, manifestó la intención de explorar alternativas de resolución del conflicto durante la etapa preparatoria.

El juez interviniente tuvo por formulada la imputación por los delitos de lesiones leves e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

También fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria, que se extenderá hasta el 13 de agosto de 2026.

En cuanto a las medidas cautelares, dispuso la prohibición de ejercer cualquier tipo de agresión y de mantener contacto o acercamiento a menos de 200 metros respecto de las personas damnificadas durante todo el proceso.

Finalmente, rechazó el pedido de impedirle concurrir a actos públicos, al considerar que esa restricción resultaba desproporcionada en relación con sus funciones, y entendió que las medidas adoptadas son suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación.