La muerte de una mujer de 86 años ocurrida en un sanatorio privado de Choele Choel derivó en la imputación de dos médicos, acusados de presuntas omisiones e impericia en la atención que habrían incidido en el desenlace fatal. La formulación de cargos fue realizada por la fiscalía descentralizada de esa localidad bajo la figura de homicidio culposo.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 24 y el 25 de agosto de 2025, cuando la paciente ingresó a la guardia con dolor abdominal y signos de compromiso respiratorio. De acuerdo con la fiscal del caso, el cuadro requería una evaluación médica integral y urgente, acorde a los estándares profesionales.

La imputación sostiene que una de las médicas habría omitido una valoración clínica adecuada, sin realizar estudios básicos, sin atender signos de alarma y sin arribar a un diagnóstico certero. A ello se sumó, según la acusación, la conducta atribuida al cardiólogo y médico tratante, quien habría rechazado intervenir en al menos dos oportunidades pese a los requerimientos para evaluar a la paciente.

Para la fiscalía, ambas conductas configuraron una omisión de la asistencia necesaria y un apartamiento de la lex artis, al no haberse cumplido —señaló— con los estándares mínimos exigidos por la práctica médica. Bajo esa hipótesis, la falta de atención oportuna habría derivado en una evolución desfavorable del cuadro clínico hasta un paro cardiorrespiratorio.

El Ministerio Público sostuvo además que existe un nexo causal entre esas presuntas omisiones y la muerte de la paciente, por lo que atribuyó a ambos profesionales responsabilidad en carácter de coautores, en los términos de los artículos 45 y 84 del Código Penal.

Entre las pruebas mencionadas para sustentar la acusación figuran la denuncia presentada por una hija de la víctima, ampliaciones posteriores, la historia clínica, testimonios de personal del sanatorio y la intervención del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción.

Por su parte, la defensa pública de los dos imputados anticipó que sostiene una teoría alternativa del caso y que presentará evidencia en esa línea, aunque no se opuso en esta etapa a la formulación de cargos.

Finalmente, el juez de Garantías dio por formalizada la imputación en los términos planteados por la fiscalía, fijó cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dispuso como medida cautelar que ambos médicos informen cualquier cambio de domicilio o ausencias de la localidad superiores a quince días.