Una médica pediatra imputada por la muerte de una niña de seis años ocurrida en el hospital Artémides Zatti de Viedma deberá cumplir durante dos años una serie de pautas de conducta como parte de una suspensión de juicio a prueba concedida en el marco de una causa por homicidio culposo. Entre las condiciones impuestas figuran tareas comunitarias, capacitación profesional obligatoria y el pago de una indemnización millonaria a la familia de la víctima.

La resolución fue notificada este martes y responde al acuerdo alcanzado entre la querella privada, el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la profesional, en el expediente iniciado tras el fallecimiento de la menor en junio de 2023. La audiencia oral y pública se había realizado el pasado 12 de mayo.

Según la acusación sostenida por la Fiscalía y el abogado querellante, la médica habría actuado con impericia al disponer el alta médica de la niña sin profundizar los estudios clínicos necesarios, pese a que presentaba signos de alarma. La imputación sostiene que no fue internada ni recibió tratamiento antibiótico, situación que derivó horas después en su fallecimiento.

Durante la audiencia, la profesional participó de manera remota desde Tierra del Fuego, provincia donde reside actualmente. Allí escuchó el planteo del abogado querellante, quien explicó que el delito atribuido prevé una pena en suspenso y que, debido a la ausencia de antecedentes penales, resultaba viable avanzar con una salida alternativa al juicio oral.

Entre las medidas fijadas por el juez se estableció que la médica deberá fijar domicilio y presentarse mensualmente ante el Patronato de Presos y Liberados durante el plazo de dos años. Además, tendrá que acreditar la realización de un curso de medicina familiar con una duración mínima de un año y cumplir 200 horas de trabajo comunitario.

También se acordó una reparación económica para los padres de la niña. El pago será afrontado de manera conjunta entre la aseguradora de la profesional y la propia imputada, bajo una modalidad consensuada entre las partes durante la negociación judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal acompañaron el pedido de suspensión de juicio a prueba y señalaron que las condiciones impuestas apuntan tanto a la reparación del caso como a reforzar la capacitación profesional de la médica. En ese sentido, indicaron que se trabajó junto a especialistas para definir el área de formación que debía cursar.

La defensa de la pediatra manifestó su conformidad con el acuerdo. Finalmente, el juez interviniente entendió que estaban reunidos los requisitos legales para conceder la probation en el marco del delito de homicidio culposo y dispuso la aplicación de todas las pautas de conducta por el término de dos años.