La ejecución del Plan General de Remediación de las áreas afectadas por la contaminación con plomo y otros metales pesados en San Antonio Oeste volvió a quedar bajo análisis tras la presentación de un pedido de informes en la Legislatura provincial. La iniciativa busca conocer el estado actual de las acciones de saneamiento, los controles sanitarios realizados y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Justicia.

Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, solicitó al Gobierno de Río Negro detalles sobre la implementación del plan dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en 2017 para remediar los sectores impactados por la actividad de la ex fundición de la Mina Gonzalito.

Según planteó la parlamentaria, la preocupación está centrada en el avance efectivo de las medidas destinadas a reducir los riesgos ambientales y sanitarios derivados de la presencia de plomo y otros metales pesados en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario conocer qué acciones fueron ejecutadas, cuáles permanecen pendientes y cuáles son los plazos previstos para completar el proceso.

El proyecto solicita información sobre las tareas de remediación realizadas, el seguimiento sanitario de la población expuesta, el control de las áreas contaminadas y la situación de las familias que residen en zonas consideradas de riesgo. También requiere detalles sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Provincia, el Municipio de San Antonio Oeste y los organismos con responsabilidades en la materia.

Además, el pedido apunta a conocer si continúan los monitoreos de salud, qué medidas preventivas se implementaron frente a la exposición a contaminantes, cuáles son los recursos presupuestarios destinados a las tareas de saneamiento y qué funcionarios tienen a su cargo la ejecución de las acciones ordenadas judicialmente.

Odarda también hizo referencia a estudios científicos difundidos durante este año, que señalarían que residuos mineros abandonados en San Antonio Oeste continúan liberando plomo, cobre y zinc al ecosistema costero de la Bahía San Antonio. A partir de esos antecedentes, reclamó información sobre las tareas de monitoreo, control y remediación desarrolladas por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa está vinculado con la participación ciudadana. La legisladora pidió explicaciones sobre la ausencia de instancias de consulta pública y solicitó que se informe de qué manera la comunidad puede acceder a los datos vinculados al Plan General de Remediación, en línea con los principios de transparencia ambiental y acceso a la información contemplados en el Acuerdo de Escazú y en la normativa vigente.

El pedido de informes cuenta además con el acompañamiento de los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Daniel Belloso, María Alejandra Mas, Luis Ángel Ivancich y Leandro García, integrantes de distintos bloques parlamentarios.