El docente de plástica de San Antonio Oeste declarado responsable de abusar sexualmente de 11 niñas en dos escuelas primarias quedó a un paso de conocer la pena que deberá cumplir. En la audiencia de cesura realizada este martes en Viedma, la Fiscalía y una de las querellas solicitaron nueve años de prisión, mientras que el otro abogado de las víctimas reclamó 12 años, en todos los casos con pedido de inhabilitación perpetua para ejercer la docencia.

Se trata de un caso que generó una fuerte repercusión en San Antonio Oeste por la cantidad de víctimas y porque los hechos ocurrieron dentro de escuelas, durante el desarrollo de las clases y mientras el acusado ejercía como docente. El proceso ya había establecido su responsabilidad por 11 hechos de abuso sexual simple agravado, cometidos entre 2023 y 2024 contra niñas de entre 6 y 8 años.

La jornada de este martes estuvo destinada exclusivamente a determinar la pena. El juicio de cesura comenzó con la declaración de siete testigos, entre ellos familiares de las víctimas y personas vinculadas con los establecimientos educativos donde ocurrieron los hechos. Luego declaró el acusado y las partes expusieron sus pedidos ante el tribunal.

El fiscal Gustavo Arbues puso especial énfasis en que los abusos se produjeron en un ámbito que debía estar destinado al cuidado y aprendizaje de las niñas. Durante su alegato señaló que el acusado “repitió el mismo patrón en dos escuelas, solamente contra niñas de entre 6 y 8 años de edad y en el aula”.

La Fiscalía también hizo referencia al impacto que los hechos tuvieron en las víctimas. El fiscal jefe Hernán Trejo indicó que los familiares que declararon durante el debate describieron consecuencias concretas y mencionó que algunas de las niñas no querían quedarse solas y tampoco querían ir a la escuela.

Para la acusación, no se trató solamente de la cantidad de hechos sino también de las circunstancias en las que fueron cometidos. Arbues sostuvo que el docente se valió de su cargo y de la relación de confianza que tenía con las niñas para perpetrar los abusos.

“Se ha valido de su cargo para perpetrar estos hechos. Los niños no pueden estar a merced de una persona con estas características”, sostuvo el fiscal al fundamentar el pedido de pena.

En ese marco, la Fiscalía reclamó nueve años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia. El Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan José Alvarez Costa, adhirió a ese planteo, al igual que el abogado querellante Damián Torres, quien representa a una de las víctimas.

Torres explicó que la segunda etapa del juicio debía contemplar no sólo la responsabilidad ya determinada, sino también el daño provocado, las circunstancias en las que ocurrieron los abusos y las características del imputado. En su planteo sostuvo que la cantidad de víctimas y la edad de las niñas son elementos centrales para establecer una pena proporcional.

El abogado consideró que nueve años constituye una sanción proporcional, aunque luego de la audiencia señaló que, personalmente, considera que la pena debería quedar “lo más cercano a los 12 posible”, dentro del límite que tiene el tribunal.

El segundo querellante, Julio Santiago Alonso, fue más allá y solicitó directamente 12 años de prisión. Fundamentó su pedido en el interés superior de las niñas y en las consecuencias que los hechos tendrán sobre sus vidas.

La defensa tomó una posición completamente diferente. El abogado Emiliano Gallego pidió que se aplique el mínimo legal de tres años, con una pena en suspenso y pautas de conducta. También cuestionó que la condición de niñas de las víctimas y el denominado “plus protectorio” fueran considerados como un agravante.

El acusado permanece detenido y lleva aproximadamente dos años cumpliendo prisión preventiva. Ese período deberá computarse sobre la eventual condena que establezca el tribunal.

Ahora la decisión quedó en manos del tribunal integrado por Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi, que deberá determinar la pena concreta. Los jueces cuentan con un plazo de hasta diez días para dictar la sentencia, aunque la resolución podría conocerse antes.

El proceso entra así en su última instancia. La responsabilidad por los 11 hechos contra las 11 niñas ya fue determinada y ahora la Justicia deberá establecer cuál será la sanción que corresponde al docente que utilizó su lugar de trabajo en dos escuelas de San Antonio Oeste para cometer los abusos por los que fue declarado responsable.