La suspensión de las tareas en Calcatreu generó un fuerte cuestionamiento del legislador provincial Fabián Pilquinao, quien puso el foco no sólo en los incumplimientos que derivaron en la medida, sino también en la forma en que el Gobierno provincial impulsa y comunica los grandes proyectos productivos. Para el dirigente justicialista, lo ocurrido demuestra “la imprevisibilidad, la debilidad de los acuerdos y la falta de normas que limiten la voracidad empresarial en perjuicio de las comunidades locales”.

Pilquinao sostuvo que los grandes emprendimientos suelen ser utilizados políticamente antes de que exista un seguimiento suficiente sobre sus compromisos. “Cada anuncio de grandes emprendimientos es transformado por los funcionarios en propaganda electoral y rédito político inmediato, ignorando el verdadero desarrollo regional y desoyendo las voces de advertencia”, afirmó.

El legislador también rechazó que quienes cuestionan aspectos del proyecto sean considerados obstáculos para el desarrollo. En ese sentido, puso en el mismo plano a las comunidades originarias, las asambleas ambientales, los productores ganaderos y la oposición en el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci. “No son ‘palos en la rueda’; son también habitantes del territorio que tienen derecho a expresar su visión”, sostuvo.

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La definición adquiere particular relevancia en el escenario abierto por la suspensión, ya que uno de los puntos señalados por la Provincia está relacionado con los compromisos de contratación de mano de obra local. Para Pilquinao, la discusión no puede reducirse al cumplimiento formal de determinados acuerdos, sino que debe incluir una evaluación más amplia sobre el impacto que la actividad tendrá en la región y sobre las obligaciones que deben asumir tanto la empresa como el Estado.

En esa línea, el legislador cuestionó que el desarrollo sea planteado como una decisión cerrada de antemano. Sostuvo que el desarrollo socioeconómico “no se impone por decreto ni se agota en campañas de prensa, sino que exige un diálogo permanente, incluso con quienes piensan distinto”. También apuntó contra la forma en que se recibe el disenso y advirtió que “imponer decisiones en lugar de concertarlas solo expone la debilidad institucional del Gobierno provincial”. Su planteo ubica al Estado como responsable no sólo de promover las inversiones, sino también de garantizar que los acuerdos sean respetados y que exista un seguimiento efectivo sobre las obligaciones asumidas.

Pilquinao fue particularmente crítico con el modelo extractivo que, según sostuvo, se promueve en sintonía con las políticas nacionales de Javier Milei. Definió esa lógica como “colonial” y advirtió que puede terminar reducida a una actividad destinada a “llevarse los recursos no renovables sin dejar infraestructura, valor agregado ni bienestar a largo plazo en la región”.

Desde esa perspectiva, reclamó que la actividad minera tenga una traducción concreta en mejoras para la población de la Línea Sur. “Esta actividad económica debe servir para mejorar los servicios de salud y educación —cesar con el cierre de residencias escolares—, optimizar el sistema energético, los caminos rurales y las rutas provinciales, entre otras prioridades”, sostuvo.

El legislador también reclamó que la minería no se convierta en una actividad que desplace o relegue a la producción tradicional de la zona. En particular, planteó la necesidad de “promover el sostén productivo histórico de la Línea Sur: la ganadería”, incorporando esa actividad a cualquier estrategia de desarrollo que se proyecte para la región.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al cumplimiento de los cupos laborales locales por parte de la empresa. La Provincia sostiene que Patagonia Gold no viene cumpliendo con el porcentaje establecido por la normativa 80/20 y que tampoco avanzó de manera suficiente en los compromisos asumidos en las mesas de trabajo con el Estado, el Municipio, los sindicatos y representantes de la comunidad.

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Sobre ese punto, Pilquinao fue directo: definió el incumplimiento como “la consecuencia directa de un Estado que ‘prefiere la foto de la inauguración antes que el monitoreo riguroso y la auditoría constante’”. La crítica apunta a la falta de controles permanentes y no solamente a la conducta de la empresa frente a los compromisos asumidos. Para el legislador, la experiencia de Calcatreu debería servir para revisar el modo en que se gestionan este tipo de proyectos. Propuso abordar el emprendimiento con “absoluta seriedad técnica, social y ambiental”, con el objetivo de evitar que termine convertido en “un nuevo fracaso y en una pérdida de los recursos regionales”.

La postura de Pilquinao no plantea solamente una discusión sobre la continuidad o suspensión de las tareas. Su cuestionamiento alcanza a la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades, al destino de los recursos extraídos, a los controles sobre los compromisos laborales y a la necesidad de que los grandes proyectos tengan efectos concretos sobre el territorio donde se desarrollan. En ese marco, el legislador también dejó abierta la posibilidad de participar en las gestiones destinadas a encontrar una salida al conflicto. Puso a disposición “toda gestión que tienda a dar solución al conflicto, en pos de resguardar los puestos de trabajo vigentes”.

Así, mientras la Provincia mantiene la suspensión hasta que se regularicen los incumplimientos observados y la empresa pueda retomar las tareas bajo las condiciones establecidas, Pilquinao plantea una discusión de mayor alcance: qué modelo de desarrollo se quiere para la Línea Sur, cuánto control debe ejercer el Estado y qué debe quedar en la región cuando los recursos no renovables comienzan a ser explotados.