La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales sumó un nuevo planteo de la Defensa Pública: la representación de 14 personas imputadas por parte de un único defensor podría comprometer el derecho de defensa y generar conflictos de intereses durante el proceso.

El planteo fue realizado por el defensor penal Camilo Curi durante la décima audiencia del ciclo de excepciones procesales. El funcionario solicitó excusarse al considerar que las particularidades de la causa dificultan garantizar una asistencia técnica individualizada para cada una de las personas involucradas.

Curi explicó que, si bien no existe una prohibición expresa para que un mismo defensor represente a varias personas en una causa, en este caso existen 14 teorías del caso diferentes, con intereses y eventuales responsabilidades que podrían no coincidir. También advirtió que las decisiones procesales de una persona imputada podrían modificar la situación de las demás.

“La intervención de la Defensa Pública no puede limitarse a una representación formal, sino que debe garantizar una defensa técnica activa, efectiva e individualizada”, sostuvo. Según advirtió, si el problema no se resuelve, podrían producirse nulidades capaces de afectar la continuidad del proceso.

Durante su intervención, el defensor también planteó la necesidad de evaluar mecanismos de composición pacífica que promuevan el diálogo y permitan analizar alternativas a una respuesta exclusivamente sancionatoria. El planteo se inscribe en una investigación de gran alcance, que involucra a alrededor de 200 empleados policiales. Curi consideró que esa dimensión debe ser tenida en cuenta al evaluar posibles respuestas al conflicto.

La disputa por la competencia territorial

Otro de los ejes de la audiencia fue el cuestionamiento sobre el lugar donde debe tramitarse la investigación. Curi reiteró el planteo de incompetencia territorial que la Defensa Pública y distintos abogados particulares sostienen desde el inicio de este ciclo de audiencias.

El defensor argumentó que ninguno de los delitos investigados se habría cometido en Viedma. Sostuvo que los certificados se retiraban de una vivienda de General Roca y que su utilización habría ocurrido en las dependencias donde las personas imputadas prestaban servicios, ubicadas en el Alto Valle.

En relación con la presunta defraudación al Estado, agregó que también deben considerarse los lugares donde se habrían concretado las conductas investigadas, así como aquellos en los que se desarrollaron las principales medidas de investigación y se reunió la evidencia.

El planteo coincide con los argumentos expuestos en audiencias anteriores por los defensores Pedro Vega, Graciela Carriqueo y María Paz Álvarez, además de los presentados por más de ocho abogados particulares, quienes, al igual que sus defendidos, residen en el Alto Valle. Durante la audiencia, la defensa particular también acompañó el cuestionamiento sobre la competencia territorial.

La Fiscalía volvió a rechazar el planteo de incompetencia y sostuvo que la investigación debe continuar en Viedma, donde tiene su sede administrativa el Estado provincial, cuyas arcas habrían resultado perjudicadas por las maniobras investigadas. En cuanto al pedido de excusación de Curi, la acusación sostuvo que la decisión corresponde al defensor general y no al juez de garantías que interviene en las audiencias. La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, acompañó la postura de la Fiscalía.

La última audiencia de este ciclo de excepciones procesales está prevista para el 10 de noviembre, con la participación de las últimas siete personas imputadas. Los planteos de las defensas y la postura de la acusación mantienen abiertas las discusiones sobre la organización de la representación legal y el ámbito territorial en el que deberá continuar el proceso.