Casi 20.000 trabajadores estatales de Río Negro mantienen deudas con alrededor de 15 entidades crediticias y, en algunos casos, los descuentos automáticos sobre sus salarios llegan a absorber casi la totalidad de los haberes. Frente a esta situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó al Gobierno provincial medidas urgentes para proteger los ingresos y acelerar la implementación de un Plan de Desendeudamiento para el sector público.

El planteo fue presentado este viernes durante una reunión con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, en la sede de la Secretaría de Energía, en Cipolletti. Por ATE participaron el secretario gremial, Romeo Aguiar, y secretarios generales de las seccionales del Alto Valle.

Entre las medidas solicitadas, el sindicato pidió establecer un tope máximo para los descuentos voluntarios derivados de préstamos, habilitar la renegociación de los acuerdos individuales y crear una instancia de control y monitoreo permanente sobre las deducciones que se aplican a los recibos de sueldo. “No se aguanta más. Es inadmisible que un trabajador pueda llegar a cobrar solo unos pocos pesos de su sueldo por la acumulación de cuotas de préstamos o créditos descontados automáticamente”, sostuvo Aguiar.

Para dimensionar el problema, el gremio mencionó casos en los que los descuentos superaron ampliamente los límites que considera razonables. En uno de ellos, la Justicia laboral intervino por la situación de una trabajadora a quien le retuvieron el equivalente al 99% de su haber neto, por lo que terminó cobrando apenas 12.000 pesos. En otro expediente, se acreditó un recibo de sueldo con un saldo neto de cero pesos.

ATE sostuvo que el salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia de cada trabajador y su familia. En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo provincial intervenga frente al nivel de endeudamiento y a las condiciones de los créditos, que, de acuerdo con el sindicato, en algunos casos incluyen intereses que considera usurarios.

Aguiar también señaló que la Justicia ya dispuso limitar las deducciones crediticias al 33% de las remuneraciones y planteó la necesidad de permitir que los agentes renegocien los compromisos asumidos con anterioridad.

El sindicato cuestionó, además, que el Estado funcione como agente de cobro de mutuales, financieras y prestamistas mediante los descuentos directos sobre los haberes, sin intervenir ante las consecuencias que esas deducciones generan en los ingresos disponibles de las familias. El reclamo incluye la puesta en marcha de un mecanismo que permita revisar las deudas y supervisar de manera sostenida los descuentos. Para ATE, la intervención estatal debe apuntar a evitar que las cuotas de los créditos comprometan la mayor parte del salario.

Como antecedente, el gremio recordó que en 2018 el Ejecutivo provincial había establecido un límite a los descuentos salariales mediante el Decreto 1485, una disposición que fue derogada en 2020 por el Decreto 1186. Tras el encuentro con Sánchez, el sindicato insistió en que el Gobierno debe dar respuestas concretas y avanzar con medidas que permitan aliviar el endeudamiento de los trabajadores estatales y resguardar sus ingresos.