Por Pedro Pesatti (*)

Un vecino puede pedir mano dura y llegar a repetir la consigna “cárcel o bala” que agitaba Espert en sus buenos tiempos. Lo hace porque está harto de vivir con miedo. Porque ve cómo el narcotráfico gana la esquina y sabe que, en ese circuito, hay quienes terminan robándole al más pobre lo poco que tiene para seguir consumiendo. Y conoce casos en los que un robo cometido por ese mismo motivo terminó con una muerte.

Pero ese vecino que adhiere a las consignas de la ultraderecha frente al crimen puede, al mismo tiempo, desde una concepción político-social opuesta, reclamar un plan de viviendas para que sus hijos tengan un techo propio y exigir que el Estado intervenga en el mercado laboral para generar trabajo de calidad con sueldos dignos. Puede defender la escuela y el hospital públicos con la misma convicción con que pide mano dura. Todas esas demandas caben en la vida de una misma persona.

Leerlas exclusivamente con las categorías de izquierda y derecha es una forma de simplicidad política. Hay que escuchar qué le pasa a ese vecino y mirar quién tiene el poder de decidir sobre las cosas que le pasan. Ahí aparece una división que como nunca antes se procura mantener fuera de la conversación pública. La que enfrenta a las minorías de arriba con las grandes mayorías de abajo.

Los sectores más ricos concentran buena parte de los medios con los que nos informamos. A ese poder se suma el de las grandes plataformas. Sus algoritmos deciden qué vemos y cuántas veces lo vemos. La indignación y la ira circulan rápido. Y a quienes concentran la riqueza les resulta más fácil conservar sus privilegios cuando los de abajo se consumen en peleas entre ellos.

En el libro La época de las pasiones tristes, publicado en español en 2020, el sociólogo François Dubet usa la expresión “pasiones tristes”, de raíz spinozista y desarrollada por Gilles Deleuze, para explicar qué ocurre cuando las desigualdades se viven como agravios personales. Cada uno hace su cuenta. Compara cuánto trabaja, cuánto cobra y qué recibe con lo que cree que recibe el de al lado. Es decir, su compañero de ruta. Pese a ello, es habitual que la bronca se descargue contra ese compañero o vecino que padece una injusticia parecida. Y cuanto más crece el recelo entre iguales, más difícil se hace actuar juntos. La capacidad para mirar hacia arriba está obturada. Y los de arriba gozan de la fortuna de no ser observados por quienes, si descubrieran desde dónde cae la miseria que golpea sus cabezas, podrían poner patas para arriba el mundo que les queda tan cómodo.

Esa lógica atraviesa el país. Cuando se habla de concentración del poder, es un lugar común señalar a la Formosa de Gildo Insfrán. El mismo examen vale para cualquier provincia donde la hegemonía del gobernador y el miedo achican el espacio de la discusión pública. Y vale también para la Justicia cuando sus decisiones se acomodan sistemáticamente a los intereses de quienes gobiernan o de quienes concentran el poder de la riqueza.

Las disputas entre macrismo y kirchnerismo o entre mileísmo y peronismo explican solo una pequeña parte de la política argentina. Incluso detrás de una pelea entre una provincia y la Nación puede haber intereses compartidos. Para saber de qué lado están unos y otros, conviene mirar qué hacen cuando les toca decidir sobre los bienes públicos.

Hoy se invocan la libertad, la eficiencia y el mercado mientras se desfinancian las universidades nacionales, se interrumpen investigaciones y se achica la salud pública. Al mismo tiempo, sectores de la política hacen posible que un puñado de corporaciones se lleve los recursos naturales del país por dos mangos, como ayuda a resumir la sabia jerga popular.

Vale la pena detenerse ahí. Los funcionarios que toman esas decisiones para favorecer a los ricos llegaron a sus cargos con el voto popular. El pueblo que los eligió tiene derecho a saber cuánto se llevan esas empresas, cuánto dejan y quién decidió que cambiar petróleo por dos pesos, y exenciones impositivas por empleos que jamás estarán disponibles en el número prometido, era un buen negocio para el país.

Mientras tanto, nos enseñan a ver un enemigo en el vecino de al lado. Lo convierten en el pararrayos que necesitan los dueños de todo para que la tormenta nunca los alcance. Y cuando advertimos la maniobra, el costo ya tiene domicilio. Lo sentimos cuando llegan las boletas de luz y gas, cuando la plata no alcanza para los remedios y cuando tener un techo propio parece un privilegio inalcanzable.

Para recuperar la claridad política, hay que hacerse tres preguntas ante cada decisión. ¿Quién la toma? ¿A quién beneficia? ¿Quién paga el costo? Las respuestas permiten saber cuánto poder tiene cada uno y para quién lo usa.

La salida empieza en la misma vereda donde se siente el miedo, cuando volvemos a mirarnos a los ojos y reconocemos que la seguridad, el trabajo, la vivienda, la escuela y el hospital son preocupaciones que podemos defender juntos. De esa capacidad de organizarnos desde abajo depende que podamos ponerle un límite a la voracidad de quienes se creen dueños de todo.

Se trata de recuperar el derecho a decidir cómo queremos vivir. Y de ejercerlo juntos. En comunidad.

(*) Vicegobernador de Río Negro