En primer lugar, quiero destacar que estas reflexiones no tienen que ver con el hecho de que mi hijo Matías Chironi esté en ese listado. Ya solicitaremos a la Defensoría que explique por qué se lo investigaba.
Hago esta nota en mi carácter de ciudadana rionegrina.
Analizando las declaraciones de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia el día de su denuncia, veo que hay una serie de aspectos que no quedan muy claros.
Me pregunto:
¿Cómo es que ni el Defensor del Pueblo actual Dr. Ignacio Gandolfi, ni la Subsecretaria de Derechos Humanos Gladis Cofré, se preocuparon por averiguar cómo salieron esos datos de la Defensoría y llegaron a la casa de la Subsecretaria en un sobre anónimo (según informó ella en conferencia de prensa)??
¿Cómo es que el responsable de los archivos de la Defensoría del Pueblo de Río Negro no inició una inmediata investigación interna para saber cómo salió de la misma esa información??
¿Cómo es que la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia da a publicidad los archivos administrativos de la Defensoría del Pueblo en los que aparecen cientos de rionegrinos que por distintas circunstancias han sido investigados???
Sé que en los organismos de Estado que deben actuar ante denuncias públicas o  particulares, en los bancos, en las instituciones crediticias o en los comercios  se contratan empresas reconocidas para averiguar los antecedentes comerciales de los denunciados o potenciales clientes. Esas empresas, reconocidas oficialmente cobran un canon por brindar la información solicitada. Se hace un contrato y se otorga un número de usuario. Para entrar, debe ingresarse una clave. Es serio y confidencial.
Pero las investigaciones no pueden estar en manos de quienes no la solicitan.
Por esto, creo que lo que ha pasado es un delito. No debió salir a publicidad el listado de investigaciones de la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, el mismo viernes escuché comentarios radiales en los que se igualaba la investigación de la Defensoría del Pueblo con los listados “negros” de la SIDE durante el proceso. Señores!!!!: una cosa es investigar y otra, muy distinta, es espiar los movimientos de la gente para secuestrarla, detenerla, torturarla, desaparecerla.
Esta situación denota una falta total de respeto hacia los rionegrinos por parte de los dos únicos organismos del Estado encargados de la defensa, difusión y protección de los derechos humanos en nuestra provincia.
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en los que las instituciones de la provincia manifiestan serias dificultades para encontrar el camino para el desarrollo correcto de sus funciones en el marco democrático y republicano. Tenemos Jueces, Legisladores, Funcionarios Públicos de todos los niveles, Organismos de Control, representantes de los tres poderes del Estado, candidatos, etc. denunciados por todo tipo de sospechas.
En este caos institucional, los ciudadanos estamos desprotegidos.
De todo esto, me di cuenta el viernes.

Cristina Cévoli – DNI 10.381254