A la persecución ideológica de miles de empleados provinciales, a los masivos despidos sin otra justificación que la mera reducción presupuestaria, a la falta total de respeto al derecho a la salud de los rionegrinos como consecuencia de la aprobación de la minería contaminante, se le suma ahora el ataque directo contra los estudiantes, generando medidas que lo único que pretenden es canalizar sus ideas revanchistas luego de tantos años de estar fuera del poder.
El cierre de la Residencia Estudiantil de La Plata no es solamente una medida totalmente arbitraria e injustificada a poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo, obligando a los antiguos becarios a tener que salir a buscar un lugar donde vivir, en el mejor de los casos; o simplemente regresar a sus lugares de orígen por no tener ahora donde poder alojarse ante la imposibilidad de afrontar el gasto que significa un alquiler.
Con la misma política utilizada para el caso de los trabajadores públicos, se pretende hacer creer a la ciudadanía desde el Ministerio de Educación que se revisará “caso por caso”, cuando todos sabemos que lo único que se quiere con este tipo de medidas es adoctrinar a la gente para que sean afines a la gestión. A miles de rionegrinos, los subyugan con la posibilidad de perder el trabajo; mientras que a los estudiantes, como en este caso, lo hacen con la eventual pérdida de posibilidades de seguir su carrera por hecho de no contar con dinero para hacer frente al pago de un alquiler.
Seguramente debe ser muy fácil para un ministro que gana 30 mil pesos, o para un secretario que cobra algo menos justificar esta medida, pero no lo debe ser para ese padre de familia que no puede mandar a estudiar a su hijo porque no le alcanza su sueldo.
Pero tan repudiable como el cierre de la Residencia Estudiantil es la justificación esgrimida desde el Gobierno en boca del Secretario General de la Gobernación, que no hace otra cosa que demostrar que el verdadero justificativo es el revanchismo político. Julián Goinhex no hace otra cosa que salir a justificar tamaña medida haciendo referencia a un dirigente radical que tenía el beneficio de la residencia, remarcando que ese lugar era un “reducto de la UCR”.
Nunca jamás el Gobierno radical discriminó a un estudiante por su signo político a la hora de entregar algún beneficio social, pero esas normas de convivencia parecen no significar nada para los funcionarios de esta gestión a los que lo único que parece interesarles es seguir adelante con esta caza de brujas.
Como jóvenes que luchan por sus ideales no podemos dejar que sigan avasallando los derechos de todos los rionegrinos.

Firman:
Bárbara Valdes, presidenta Juventud Radical de San Carlos de Bariloche
José Ignacio Dura, Vicepresidente Juventud Radical
Tatiana Hernández, delegada al Comité
José Manuel Mella, secretario Circuito Andino
Nadia Hernández, secretaria