Fuentes judiciales mencionaron que Mesa no declaró, en tanto que Britos y Cayumil lo hicieron negando los cargos que se les adjudican, en los que se menciona que mantenían conexiones con proxenetas de la comarca.

La causa se desprendió mientras se trataba de encontrar a Otoño Uriarte, la joven del Alto Valle que fue encontrada muerta en un canal varios meses después de su desaparición. En ese momento a través de escuchas telefónicas se pudo saber que policías, oficiales y hasta un comisario tendrían relaciones con personas dueñas de cabarets en la zona.

Tras esto se inició una causa en la se investiga si estos policías incurrieron en irregularidades. 

A principios de año, ante los rumores, y las acusaciones de que la causa por trata de personas iniciada en Choele Choel, en el juzgado N° 30 de la jueza Marisa Bosco, habría quedado prácticamente en el olvido o sin movimientos importantes e incluso se habría sobreseído a los principales involucrados, desde ese organismo judicial desmintieron esa versión.

Se explicó que “de las escuchas y posteriores derivaciones de la investigación han quedado comprometidas 4 personas, 1 de ellas procesada y 3 en carácter de imputadas. Todos policías. En tanto uno sólo recibió el beneficio del sobreseimiento por no encontrarse pruebas que vinculen al policía Moisés Rodríguez con los hechos que se estaban investigando”. Esta causa dio inicio durante el año 2007, en el marco de la investigación por la desaparición de la joven de Cipolletti, Otoño Uriarte, se conocieron escuchas telefónicas que vinculaban a uniformados de la comisaría 8° de Choele Choel con proxenetas.

Tras un primera parte de instrucción llevada adelante por el fiscal, Guillermo Bodrato, la causa paso a manos de la magistrada. Desde ese momento quedaron involucrados cinco uniformados, tras lo mencionado 4 de ellos que permanecen como imputados y un quinto que fue sobreseído.

La causa consta de 7 cuerpos y fue girada a la justicia federal, precisamente al juzgado federal de General Roca, al entender la jueza que ahora la competencia correspondía justamente a esa jurisdicción. Paralelo a esto continúa llevándose a cabo una causa en contra del ex secretario de seguridad, Víctor Cufré,  por entorpecimiento en el marco de la investigación por trata. Este proceso lo está llevando a cabo el juez, Víctor Soto, dado que fue denunciada por la jueza Marisa Bosco, pero que actuó como testigo. La magistrada presentó –en su momento- más de tres folios explicando los motivos en que se vio perjudicada la investigación de trata por el entonces sub jefe de la policía provincial. En el testimonio se da a conocer como en reiteradas oportunidades Cúfre le negó personal policial a la magistrada para realizar tareas investigativas. Por otra parte y como dato llamativo se cita una conversación telefónica que sostuvieron en una oportunidad Cúfre y Bosco, en esa charla el entonces sub jefe le enrostro a la jueza “usted quiere manejar la fuerza policial”. No entendiendo que la policía actúa como auxiliar de la justicia.

FUENTE: Sergio Escalante (Hoy Valle Medio)