29 marzo 2012 Judiciales Comentar

Según se desprende de la presentación realizada ante la delegación rionegrina y otros organismos, en una de las primeras manifestaciones realizadas en Bariloche el pasado 19 de marzo, un agente policial se acercó a los estudiantes para comunicarles que debían dar aviso a las autoridades sobre las próximas marchas y que él se ofrecía para gestionar una reunión con los directivos de la empresa Tres de Mayo.

Por otra parte, los denunciantes señalaron que en las siguientes manifestaciones, pudo observarse a personal policial tomando fotografías de los estudiantes desde un patrullero. También detallaron que el jueves 22 de marzo, los jóvenes volvieron a marchar hasta la empresa Tres de Mayo y una vez en el lugar, el mismo policía que había oficiado de vocero de la empresa les informó que al día siguiente, un directivo recibiría el petitorio y a tres representantes del reclamo.

Ese viernes, continúa el relato, un directivo de la empresa recibió el petitorio pero les indicó a los manifestantes que la reunión sería la próxima semana. Después de dos horas de debate, cuando el directivo se retiraba, tres estudiantes se acercaron para confirmarle la asistencia a la reunión. El directivo de la empresa les pidió que entraran a su oficina para entregarles “el certificado de la reunión”, según indicaron las fuentes. Una vez en la oficina, los jóvenes se encontraron con que en el lugar, estaban presentes dos empleados de la empresa y dos agentes policiales.

El directivo les hizo entrega a los estudiantes del certificado de la reunión y les expresó su desacuerdo con la protesta, sigue la presentación. A su vez, los policías les pidieron sus datos personales –nombres, DNI, edad, domicilio, teléfono y colegio -. Ante la negativa de los estudiantes, los agentes adujeron que estaban haciendo un corte de calle “que era ilegal” y que “ellos eran los responsables de la manifestación”. Asimismo, les informaron que no podrían salir de la oficina hasta que dieran sus datos y que si no lo hacían, los llevarían detenidos. Frente a ello, los estudiantes terminaron accediendo. Seguidamente, cuando intentaron retirarse de la oficina, notaron que la puerta de la misma estaba cerrada con llave.

Al respecto, el delegado del INADI Río Negro, Julio Accavallo, manifestó: “Repudiamos este grave hecho que genera intimidación entre los jóvenes -en este caso, personas menores de edad- y nos remonta a nuestro pasado histórico reciente e impide el ejercicio de un derecho legítimo, que hace a la vida en democracia, como es el derecho a manifestarse públicamente”.

Finalmente, recalcó: "Rechazamos el abuso de poder en todas sus formas y consideramos que las prácticas denunciadas –fotografiar a los manifestantes, impedirles a tres personas menores de edad retirarse de una oficina si no informaban sus datos personales-, intentan impedir el libre ejercicio de los derechos de los estudiantes”.