7 abril 2012 Judiciales Comentar

La acción incluye a Guardia Mitre, Dina Huapi, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona y las comisiones de fomento de San Javier, Valle Azul, El Cuy y los balnearios de Playas Doradas y Puerto de SAE

En el Superior Tribunal de Justicia, presidido por Víctor Hugo Sodero Nievas, se tramita la acción de Amparo interpuesta contra el Gobierno de la Provincia, Banco Patagonia S.A y quien resulte responsable, con el objetivo de dotar de cajeros automáticos a las localidades antes mencionadas.

En dicha causa, caratulada como “LACAZE GUSTAVO y OTROS S/AMPARO COLECTIVO”, el STJ emitió una providencia en la cual “se dispone la publicación del edicto, a fin de que los vecinos de dichas localidades puedan comparecer a estar a derecho”.

La acción de amparo intenta hacer cumplir el derecho ciudadano a acceder a un servicio bancario, en el marco de los derechos de usuarios bancarios (derechos de usuarios y consumidores) en distintas poblaciones de la provincia que no poseen ningún servicio, a pesar de encontrarse "bancarizado" el cobro de haberes.

Esta acción ante el máximo Tribunal provincial, tiende a corregir la injusticia a la que se ven sometidos los rionegrinos que viven en zonas alejadas de los centros urbanos y que deben recorrer grandes distancias para cobrar un sueldo o para realizar cualquier trámite bancario (cobro de jubilaciones, asignación familiar por hijo, cuotas alimentarias, etc.)

Cabe indicar que esos ciudadanos tienen iguales derechos que los que habitan las grandes ciudades de la provincia, ya que también con sus impuestos contribuyen a pagar la comisión que cobra el agente financiero del Estado rionegrino, y que lamentablemente, no reciben ningún servicio desde hace mas de diez años cuando se privatizó el ex Banco de la Provincia de Río Negro.

También es necesario señalar, que ha habido muchos accidentes: incluso se han perdido vidas en los viajes obligados de los pobladores para cobrar sus salarios a otras localidades, recorriendo rutas en malas condiciones de mantenimiento, con nieve, lluvia, etc.

Además de esto, el comercio local se ve perjudicado, ya que quienes cobran en las grandes ciudades, dejan de comprar en sus pueblos, lo que genera un impacto negativo en el desarrollo de esas comunidades además de atentar contra el derecho a la autonomía municipal, dado que los intendentes deben disponer de sus recursos coparticipables en su propia localidad, tal como lo establece la Constitución Provincial.

Esta acción judicial es promovida, - en su condición de ciudadana-, por la legisladora provincial  Magdalena Odarda y por vecinos de todas las localidades afectadas por la ausencia de una entidad financiera del Estado provincial.