En realidad, la resolución de imputación librada por el juez Ricardo Calcagno involucra a doce uniformados, pero uno de ellos ya no prestaría servicios en la fuerza.

Altas fuentes policiales confirmaron a ANB que se definió la separación preventva, tanto por la imputación judicial como por los propios datos que se desprenden del sumario interno efectuado por la fuerza. Esa información interna está disponible desde pocos meses después de los trágicos episodios, pero la anterior conducción de la Policía a cargo del comisario Víctor Cufré, así como la del comisario Jorge Uribe -ya en la actual gestión de la gobernación del Frente para la Victoria-, mantuvieron en sus cargos y prestando servicio a los efectivos cuestionados.

Ahora, el Jefe civil de la Policía, Ariel Gallinger, resolvió la separación preventiva, lo cual implica el retiro del arma y el uniforme, el cese en el cumplimiento de tareas, y el pago del 75 por ciento del sueldo mientras dure la medida.

A mediados de julio pasado, como resultado de la indagatoria a los doce miembros de la Policía, el juez Calcagno definió imputar a tres de los efectivos bajo la figura de “homicidio en riña”, y al resto los delitos de “lesiones graves” e “incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Los abogados de las familias de los jóvenes asesinados dejaron entrever su malestar por las figuras penales elegidas por Calcagno, teniendo en cuenta que en ninguno de los casos se avanza sobre un posible homicidio doloso, y refuerza la teoría del “error” o ausencia de intención de provocar daño fatal a las víctimas. (ANB)