14 septiembre 2012 Judiciales Comentar

El recurso presentado cuestiona la sentencia emitida en julio de 2011 por el  Máximo Tribunal Provincial que por un lado, limitó las facultades de recurrir a los Defensores de Menores victimas de delitos y por otro confirmó la absolución del padre de la niña.

En línea con políticas de la Procuración General de la Provincia de Río Negro en la materia de defensa de la niñez y violencia de género,  el recurso cuestiona en el caso que no sólo ni se ha respetado la garantía de tutela judicial efectiva y defensa activa en juicio, y el derecho de la niña a ser escuchada, sino el incumplimiento de la obligación del Estado de sancionar los delitos cometidos contra las mujeres, conforme lo prescripto por los tratados internacionales.

El recurso sostiene que se absolvió al imputado, a pesar de que los dichos de la niña fueron avalados con la totalidad de las medidas probatorias obrantes en el expediente, tales como el certificado médico,  la declaración testimonial de la niña, el informe psicológico y los informes del Servicio Social del Hospital Zonal, y el informe bioquímico que resultan  pruebas unívocas del abuso que padeció la victima.

Como consecuencia de ello, se ha determinado, a criterio de la defensa de la niña, la impunidad del padre agresor  en contraposición a las disposiciones establecidas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en las Observaciones realizadas para la Argentina en el año 2010. Este organismo internacional recomendó al Estado Argentino que adopte las medidas apropiadas para garantizar el pronto enjuiciamiento de los autores de delitos sexuales cometidos contra niños, sancionando la responsabilidad y poniendo fin a la impunidad. Al igual que las disposiciones de la Convención de Belém do Pará que obliga a los Estados a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

En ese sentido la Procuración General de la Provincia de Rio Negro, desde hace tiempo, ha encabezado políticas generadoras de acciones en defensa de los derechos de las mujeres y niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y la sanción de quienes resulten victimarios, con el plus de protección cuando se trata de población infantil.