“La política fue en principio el arte de impedir a la gente meterse en lo que le importaba. En una época posterior se le agregó el arte de comprometer a la gente a decidir sobre lo que no entiende."

Paul Valéry

Las sucesivas declaraciones del Sr. Gobernador sobre la minoridad y la seguridad,  se iniciaron pregonando la necesidad del encierro de los menores conflictivos, terminando por reclamar el abandono del apego a la ley a favor del sentido común como si fueran términos antitéticos, convocando públicamente dejar de lado los atenuantes en delitos mayores,  reabriendo de hecho un nuevo debate sobre la edad de imputabilidad. El mandato esencial del Poder Ejecutivo, en un marco de respeto de la división de poderes, es garantizar el cumplimiento de las leyes, teniendo la potestad de iniciar el proceso de modificación del código procesal penal vigente proponiéndolo a la Legislatura, donde se evaluará la compatibilidad de los criterios que promueva, respecto de las garantías constitucionales y de los convenios internacionales vigentes.

Numerosas instituciones y organismos han colmando una vez más los titulares periodísticos nacionales y regionales con duros cuestionamientos sobre sus dichos, como ya habían hecho anteriormente para criticar las presiones ejercidas sobre los jueces, abogados y peritos judiciales mediante la descalificación, el prejuzgamiento o el incumplimiento de sus fallos y procedimientos en resonados casos.  

Creo que sus afirmaciones a contramano de las numerosas leyes de creación de derechos, tienden a criminalizar a las víctimas del abandono y la violencia institucional e incursionan en el campo de nuestras competencias y prácticas profesionales, afirmando que el sufrimiento mental en jóvenes de 14 años habilita a encerrarlos, calificarlos de asesinos, expulsarlos de la provincia, sustraerlos de la tutela familiar o incluso apartarse de la ley para aplicar “criterios prácticos” que no especifica, pero que en vista de los antecedentes es lícito deducir, no podemos permanecer indiferentes. 

La idea de una predestinación congénita a la violencia, al crimen o el asesinato es falaz y acientífica. La violencia juvenil es resultado de otras violencias silenciosas ejercidas previamente sobre los menores.

También aludió a la supuesta demagogia de los "garantistas". Pretender capitalizar el miedo o la reacción viceral de algunas de las víctimas para reactualizar la Ley del Talión sobre los jóvenes que delinquen, es convocar demagógicamente a profundizar un linchamiento social que ya está en pleno desarrollo. ¿Acaso no resulta deshumanizante castigo para un millón de jóvenes que no trabaja, ni estudia, la falta de alternativas y horizontes? ¿Es perentorio engrosar la ya mayoritaria población carcelaria de jóvenes sin condena judicial confinadas en cárceles infrahumanas, donde según afirma la Defensora del Pueblo, el tráfico de drogas se ha descontrolado?¿ No hemos asistido ya a demasiados casos de jóvenes muertos en los barrios, en medio de ajustes de cuenta, de motines carcelarios, en sesiones de tortura, a mano del gatillo fácil, o la represión salvaje, ejercida en muchos casos,  por o con la tolerancia de las fuerzas de seguridad del estado?

Mientras tanto los adolecentes en conflicto y el resto de la sociedad, observan atónitos, que los corruptos y los pícaros que les robaron el futuro y los condenaron a la exclusión, transan su impunidad con descaro, arrasando no solo con la cultura del trabajo, sino con los más elementales principios éticos. Nos sumamos al pedido del Gobernador sobre los menores ampliándolo, también“Queremos pedir al Poder Judicial la máxima pena, el máximo castigo para quienes atacan, lastiman, agreden y matan”, impunemente y silenciosamente a nuestros jóvenes, incluyendo a los mayores responsables directos e intelectuales.

Es una falacia sostener que la violencia juvenil, emerge como una tara en escenarios armoniosos. Los niños y jóvenes de esta provincia nacen y crecen sin que se resguarden sus derechos elementales, tal vez la agresión y el castigo es aplicado antes de nacer y el verdugo social es la indiferencia. Rio Negro ostenta los mayores niveles de mortalidad infantil, natal y perinatal de la Patagonia, ¿no es suficiente ya llevar una vida llena de privaciones, marginal, falta de atención y de modelos, de asistencia para evitar y superar las adicciones, la deserción escolar, el trabajo infantil, etc.? ¿Considera necesario igualar a los desiguales, tan solo para castigarlos? ¿No violenta las conciencias que el gasto en control y represión policial supere con holgura los presupuestos de prevención/atención de las adicciones y los problemas citados ?

Los jóvenes se sienten burlados cuando se los atosiga con míticas realizaciones de sus sueñossobre la base del esfuerzo personal individualista, cuando el aumento de la concentración económica distribuidora de miseria lo desmiente a diario,  responsabilizándolos  individualmente de problemas sociales como el desempleo, el subempleo, el trabajo informal, el utópico acceso a la vivienda, etc. dejando en los adultos la depresiva sensación de ausencia de futuro y en los más jóvenes una cultura de la inmediatez y el desencanto, que ha conducido a un aumento sostenido de los suicidios, las adicciones, los embarazos adolecentes y el sufrimiento mental juvenil.

La violencia, la inseguridad  que le preocupan, no son frutos exclusivos de la falta de contención familiar a la que alude, son la expresión de otros abandonos y violencias sistemáticas padecidas.  El joven autor de la masacre escolar de Patagones no era pobre, no tenía padres separados, ni antecedentes disciplinarios en el colegio donde concurría regularmente  mostrando un buen desempeño escolar.  La delincuencia juvenil despliega una violencia aprendida que palpita a lo largo de la sociedad, en los hogares, las escuelas, las calles, a veces silenciosa, a veces exacerbada. También se alimenta de la frustración, de la rabia acumulada, de la suma de relatos mentirosos sobre un futuro limitado en la práctica para vastos sectores a la prostitución o la venta de drogas, generalizada y tolerada en una sociedad con la palabra devastada por el simulacro y los eufemismos estadísticos para maquillar una realidad frustrante y excluyente, que los impulsa a un consumo inalcanzable.

La inmoralidad y crueldad se derivan de la indiferencia hacia los sentimientos y necesidades del otro, negándose a asumir responsabilidades solidarias sobre sus destinos. Para obtener la paz social es necesario luchar por la defensa de los derechos humanos y la equidad social, es imperativo, reconstituir el equilibrio entre ley, derecho y autoridad, que requiere la restitución de un proyecto eficaz de desarrollo social y redistributivo, con horizontes de progreso factibles. Están de más las amenazas, los  escarmientos y las apelaciones al uso de la “mano dura”, que solo promueven el riesgo de engendrar una espiral de violencia irracional e innecesaria.

Tenemos demasiados interrogantes sin respuestas, me preocupa verlo tan lleno de certezas, al borde de la atractiva simpleza de las recetas autoritarias. Como profesional de la salud mental rionegrina me permito humildemente solicitarle que retome la perspectiva de las garantías constitucionales y la ponderación de juicio, necesitamos una conducción determinada y firme pero apegada y respetuosa del derecho de los menores. La  historia reciente nos ha enseñado muy duramente que es preferible asumir el compromiso de someterse irrestrictamente a la ley, como único medio de evitar tener que enfrentar la arbitrariedad de los autócratas, que en nombre de la necesidad de imponer el orden y la seguridad de los cementerios, ya se quedaron con las vidas de demasiados inocentes. 

Lic. María Elena Ochoa, presidente del Colegio de Psicólogos del Valle Inferior del Río Negro.