Del encuentro desarrollado en la sede central del Poder Judicial participaron los vecinos, los propietarios y representantes de los gobiernos nacional, provincial y local.

“El Tribunal, muy amablemente tuvo un gesto con la gente. Se puso un plazo de 60 días  hábiles para formar una organización civil para juntar el dinero y después, supervisado por el Tribunal y la Comisión Nacional de Tierras, se comenzará efectivamente con la compra de las tierras”, sostuvo hoy Diego Candia, referente de la Cooperativa “Tierra Libre” que acompaña y asesora a los vecinos.

En la Justicia hay dos expedientes con sentencia de Cámara de Apelaciones. Uno es el de Paula Suárez, joven que ocupó uno de los lotes. Se trata de un fallo que a fines del mes de mayo tuvo sentencia y si bien la misma fue apelada por la familia acusada, había temor por un posible desalojo.

El segundo expediente, de reciente sentencia, que es el denominado “Sucesores de Napp Somoza, M.A. c/ Intrusos, Tenendores, ocupantes”. El mismo tiene una trayectoria intrincada y luego de cuatro años de proceso arrojó un resultado en principio desfavorable para todas las familias ocupantes.

“Con ellos (por Napp Somoza) tendremos que juntarnos para ver el precio que pretenden y si no estamos de acuerdo se tendrán que convocar al Tribunal Nacional de Tasación para que tase esas tierras. Eso sin incluir las viviendas que se han construido, es decir, cuando eso era un basural a cielo abierto”, sostuvo Candia a FM DE LA COSTA.

“La justicia puso el plazo y si en ese tiempo no se logra el objetivo todo vuelve a la situación del desalojo. Si al día 59 estamos negociando se puede pedir una prórroga y lo más importante es que se frenaron los desalojos”, aseguró Candia.

Señaló además que a partir de ahora el abogado Cristian Calafat será el encargado de gestionar y coordinar las acciones. “Se juntará con los secretarios, los camaristas y los vecinos para ir formando la organización y discutiendo, no solo por la toma del Santa Clara sino también por otros sectores”, explicó

Candia dijo que el problema de las tomas “este es un problema de toda la ciudad por la falta de planificación y las necesidades que no están cubiertas” y respecto a los vecinos que compraron las tierras en los últimos años a los primeros ocupantes les recomendó “iniciar un juicio por estafa, porque les vendieron tierras sin ningún tipo de permiso”.