Causa indignación si esas muertes pudieron ser evitables, y más cuando esas condiciones externas que pudieron influir sobre esa terrible decisión, están atravesadas por fallas en el funcionamiento del Estado, por Políticas Públicas reñidas con los Derechos Humanos, por desidia y desinterés en atender a los sectores más vulnerables, de parte de quienes se les delega la responsabilidad transitoria de gobernar.

El primer hecho ocurre hace unas semanas en Cipolletti: un joven de 18 años se suicidó  en un calabozo, donde fue llevado sin haber cometido ningún delito, sólo por haber sido encontrado en la vía pública en estado de ebriedad. La legislación vigente en esta temática define que una persona intoxicada sea atendida por un Centro de Salud especializado, y no llevado a una comisaría.

El frustrado proyecto del fugaz Ministro de Seguridad rionegrino – que entre otros puntos planteaba este tipo de modificaciones al código contravencional- en este caso ya fue puesto en práctica por los funcionarios policiales, con tremendas consecuencias.

Otro joven – esta vez en Viedma- quien estuvo bajo programas de Promoción Familiar, también con apenas 18 años cumplidos, fue apresado por robo en la vía pública. Al rato se suicidó en un calabozo.

La tercera víctima,  era trabajador en negro del Estado Rionegrino (“becado”), en el Ministerio de Desarrollo Social. Le pagaban 2.700$ sin ningún aporte ni beneficio social, bajo un sistema totalmente ilegal de contratación que en algún momento se intentó regularizar, y paradójicamente parece aumentar. Deambulaba por los pasillos oficiales buscando una definición sobre su situación laboral ante la incertidumbre e inestabilidad que se genera en el momento de la renovación o la baja de las magras “becas”. En esos días se suicidó.

Si bien puede ser errónea una lectura lineal que conecte en forma determinante estos hechos -y es muy posible que haya varias motivaciones que confluyen-, tampoco se pueden negar los escenarios desfavorables que plantearon las políticas de Estafo en la vida de estos jóvenes.

Vale la pena repasar las recientes declaraciones de la renunciante Delegada de la Zona Atlántica del Ministerio de Desarrollo Social de la  Provincia de Río Negro- Mónica Arburúa- las cuales constituyen un sincero y patético relato del creciente deterioro y abandono de una de las áreas de gobierno que deben ocuparse de los sectores de la población más vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ancianos.

Los dichos de Arburúa denuncian la escasez y el mal uso de los recursos presupuestarios de la cartera social, reflejado en la falta de programas,  espacios físicos en mal estado,  trabajadores precarizados, otros que cobran sin realizar tarea alguna protegidos por actores políticos, discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios, retraso indefinidos en la llegada de aportes para que funcione el área, maltrato de las autoridades, etc., etc.

La Democracia está renga si no garantiza los Derechos Humanos de los que más sufren, de los más débiles, de quienes- por diversas razones -están en desigualdad de condiciones para acceder a una vida digna.

Las consecuencias son muy negativas y lamentablemente- en estas circunstancias- es posible que sigan ocurriendo situaciones poco felices en nuestra provincia, más allá que de la menor o mayor responsabilidad legal que la Justicia le pueda atribuir a los funcionarios de turno.

Y el problema es muchísimo más grave si hechos que pueden ser encuadrados dentro de los que se entiende como “violencia institucional” –por acción u omisión- se generan desde el mismo Estado.

El gobierno se podrá “refundar” una y otra vez, deslindando responsabilidades,  prometiendo investigaciones, tal vez hasta proponiendo rectificaciones, cambios de rumbo, y anunciando mediáticamente nuevas acciones…

Para las víctimas ya no existe una nueva oportunidad.

Mg Jorge Luis Vallazza

12.975.453