Minutos antes de las 6, el comisario Antonio Mandagaray hizo efectiva la orden de libre tránsito dictada por la jueza Sonia Martín, a cargo del Juzgado N°2. Desde la Regional V destacaron que se trató de un operativo pacífico, que fue grabado y contó con presencia de testigos para garantizar la seguridad de todos los manifestantes.

Mientras la protesta de los manifestantes se trasladaba nuevamente a la ruta 151, provocando un corte total a la altura del KM 22, trabajadores administrativos y funcionarios políticos, junto a personal de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, realizaron la limpieza del frente del edificio municipal para permitir el ingreso de los vecinos que ya comienzan a realizar sus trámites.

“Siempre respetamos la libre afiliación y la posibilidad de expresarse mediante la protesta, pero de la misma forma nosotros necesitábamos volver a trabajar”. “Hoy la Justicia nos devolvió ese derecho; lamentamos que haya sido de esta manera pero hoy los más de 4000 habitantes de Cordero y Barda vuelven a contar con los servicios públicos", detalló el intendente Gustavo Pita.

La postura de ATE

Mientras tanto, desde ATE señalaron que “se pudo confirmar que el operativo policial desplegado contra los trabajadores municipales de la localidad de Contralmirante Cordero fue absolutamente ilegal. Es que desde el Juzgado con asiento en Cipolletti, a cargo de Sonia Martín, quien entiende en la causa, se aseguró que en ningún momento se emitió la orden de desalojar o de detener a los manifestantes”.

Agregaron que la policía “actuó más allá de las facultades otorgadas por las leyes, ya que detuvo a tres empleados municipales y un vecino que se encontraban en el exterior del municipio durmiendo dentro de un automóvil de su propiedad. Sin que medie comunicación, los trabajadores fueron sorprendidos, bajados del rodado y detenidos sin comunicar el lugar final del traslado”.

También indicaron que “luego del airado reclamo del sindicato, pudo conocerse que los apresados irregularmente habían sido alojados en las comisarías 4 y 79 de la ciudad de Cipolletti. Los trabajadores y vecinos detenidos fueron Álvaro Poblete, Maximiliano Cifuentes, Matías Olate y Heriberto de la Vega”.

“Llama notablemente la atención de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que el poder político local y provincial insistan con seguir utilizando a la Policía para reprimir, cuando en realidad el largo conflicto necesita de una respuesta política para poder descomprimirse”, dijeron.

La conducción provincial del gremio encabezada por Rodolfo Aguiar llegó hasta la localidad para esperar la liberación de los detenidos y definir la continuidad de las medidas de fuerza junto a todos los trabajadores.

Por último, el sindicato cuestionó y denunció al Fiscal Martín Pezzeta por entender que “tiene un ánimo de persecución sobre los trabajadores más allá de cualquier razonabilidad, actuando al margen de las leyes penales y normas que rigen los procedimientos”.

Para ATE, Pezzeta “se encuentra armando una causa junto a la policía y asesora de manera directa al Intendente de la localidad, indicando que tipo de denuncias acumular”.

"Este hecho es gravísimo. La policía ha actuado sin que exista orden judicial y las detenciones han sido todas ilegales. Hace muchísimos años que la Policía no era utilizada para reprimir reclamos sociales y gremiales", declaró Dora Fernández, Secretaria General de ATE Norte y agregó: “Cuesta entender la inoperancia de estos funcionarios y que el poder político provincial crea que con la Policía se frenarán los justos reclamos. Este conflicto necesita una respuesta política para descomprimirse".