La Defensora Nadina Díaz, pide que se declare la inconstitucionalidad de la medida por  resultar un acto administrativo ilegal e ilegítimo que vulnera la protección de los intereses económicos de los usuarios del servicio de gas.

Señala la Defensora que  la medida adoptada  desconoce los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad, racionalidad y legalidad.
 
Destaca además que la resolución desoye la aplicación de garantías constitucionales ya que el criterio adoptado para los aumentos resulta desproporcionado, desigual e irracional al momento que no prevé los efectos económicos y sociales que se causan a los usuarios.

“La resolución trae aparejadas consecuencias económicas en los ciudadanos con un severo impacto en los sectores mas vulnerables como así a las áreas relacionadas con la salud, educación, pequeños comerciantes, clubes, cooperativas, ongs, que no pueden hacer frente a semejantes incrementos en un servicio público esencial”.
 
También manifiesta Nadina Diaz que no se ha elaborado un estudio técnico preliminar que pondere estas situaciones ni se evaluaron las consecuencias cuyos efectos se potencian en las regiones como las nuestras, donde se registran muy bajas temperaturas. “La decisión además de inconsulta, afecta notablemente el ejercicio de los derechos constitucionales y la capacidad económica de los  usuarios por la desproporcionalidad de los incrementos”.

 Finalmente indica que la resolución desconoce aplicar una política tarifaria general que por un lado, propenda a un libre acceso, a la igualdad y a la no discriminación y por otro que asegure una aplicación justa y razonable.