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A 48 horas de que una de las candidatas a ocupar la Defensoría del Pueblo del Municipio de Viedma impugnara al resto de los postulantes por su pertenencia política, llegó la hora del contraataque, ya que hoy se conoció que su postulación fue impugnada por supuestas irregularidades en la que habría incurrido en el manejo de fondos cuando integraba la cooperadora de una institución educativa de la ciudad.
La contra impugnación fue presentada por Carolina Leonardelli, secretaria del bloque del CC-ARI y reconocida activista antinuclear, que forma parte del listado de 10 candidatos a ocupar por primera vez el cargo de Defensor del Pueblo. La impugnación que se conoció a primera hora de hoy apunta a Mabel Mariana Miranda, especialista en comunicación y marketing, que había impugnado la postulación de sus contrincantes apuntando a su militancia política y partidaria.
Ahora la cuestionada es justamente Miranda, de acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario La Palabra, Leonardelli tendría documentación que referiría a irregularidades que habría cometido en el manejo de fondos pertenecientes a una cooperadora escolar.
Cabe recordar que la ordenanza que creó la figura del defensor establece que el ejercicio de este cargo será incompatible con cualquier otra función pública, la actividad comercial, laboral, profesional o remunerada dentro y fuera del ejido de Viedma, a excepción de la docencia. También será incompatible la participación en empresas, sociedades o personas jurídicas vinculadas con el municipio, al igual que cualquier filiación política o gremial. Tampoco podrán ocupar el cargo personas en quiebra, inhibidos, o condenados por delito doloso o de lesa humanidad, al igual que aquellos que hubieran sido exonerados o inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.
Mañana se cerrará el periodo de impugnaciones, que se había abierto el pasado lunes, ahora los concejales deberán analizar las presentaciones y determinar cuáles de los 10 candidatos siguen en carrera, para ocupar el cargo que prevé un mandato de cuatro años para trabajar en defensa de los derechos humanos, intereses individuales y colectivos, además de supervisar la actividad del gobierno municipal, sus organismos, concesionarios y prestadores de obras y servicios públicos.
22 diciembre 2025
Viedma