Nuevamente el Concejo Deliberante de Viedma fue escenario de una protesta de obreros de la construcción, nucleados en UOCRA, que exigieron esta vez a los concejales que “aprueben ordenanzas que den trabajo a la gente y se dejen de hacer homenajes a ciudadanos ilustres”. Si bien el reclamo está vinculado a la demora del Cuerpo en tratar iniciativas que podrían generar a futuro mano de obra local, el asunto tiene un trasfondo que involucra los intereses privados de desarrolladores inmobiliarios.

Los obreros pidieron a los concejales celeridad en la resolución de pedidos de loteos pertenecientes a grupos inmobiliarios privados, que pretenden excepciones para crear barrios cerrados en lugares no habilitados hoy para tal fin. Además, piden que se apruebe un proyecto de ordenanza que regulará los conjuntos inmobiliarios, antes llamados consorcios parcelarios, y que permitirá vender terrenos de dimensiones menores a las que hoy se exigen.

El reclamo de los afiliados y dirigentes de UOCRA, que irrumpieron en la sesión de hoy, puede entenderse si se analiza la escasez de fuentes laborales y la extrema necesidad que padecen hoy los sectores más vulnerables de la sociedad, pero resulta cuanto menos llamativo que, detrás de la protesta “espontánea” de los obreros, aparecieran a exigir que se aprueben normas, que están en pleno desarrollo y análisis, los dueños de esas tierras, que bien conocen los tiempos y la burocracia que exigen las reformas pedidas.

El Secretario Adjunto del gremio de la Construcción, Edgardo Cancino, pidió la palabra y emitió un discurso durísimo, agresivo en algunos tramos, hacia los concejales, que no quisieron entrar en discusiones y se quedaron en silencio. Aún así, varias ediles fueron increpadas por otros obreros que ocupaban las sillas del público.

El conflicto y la presencia de gremio y privados en la sesión, se produce a instancias de la concejal del Frente para la Victoria, Silvana Cullumilla que, a diferencia de sus pares de bloque y del oficialismo, defiende a capa y espada los pedidos de los desarrolladores inmobiliarios. La edil considera que esas autorizaciones y modificaciones al Código Urbano van a generar un abaratamiento de los costos de los terrenos y en consecuencia la compra de los mismo y la generación de nuevas obras, cuando nada garantiza que así sea.

En ese marco, los dueños de las tierras aprovechan para prometer loteos a bajo costo, sin asegurar que los mismos puedan tener los servicios correspondientes y, por otra parte, un gran sector de la comunidad cree que esos terrenos serán vendidos a costo social, cuando los precios que se manejan en esos loteos son elevados.