El oficialismo provincial impuso su mayoría en la Legislatura para designar a Gastón Pérez Estevan como nuevo Fiscal de Estado, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo, tras la renuncia de Julián Fernández Eguía.
El legislador Lucas Pica (JSRN) fundamentó la iniciativa, resaltando la trayectoria de Pérez Estevan que “cumple de manera cabal con cada uno de los requisitos para desempeñar las tareas del órgano de control interno por excelencia, ya que posee idoneidad técnica, política y confianza”.
El legislador Juan Martín (Juntos por el Cambio) adelantó el acompañamiento “por respeto, ya que es la gobernadora quien debe elegir al funcionario”.
La iniciativa recibió la negativa de la bancada del Frente de Todos que manifestó desacuerdos en la gestión que llevó adelante Pérez Estevan en el Ministerio de Seguridad.
En este sentido, la presidenta de la bancada, Maria Eugenia Martini, manifestó que "reconocemos la potestad de la gobernadora de promover la postulación de alguien de su confianza pero entendemos que había rionegrinos o rionegrinas con mejores antecedentes para ejercer ese rol”.
Al respecto, a través de una extensa enumeración de hechos acontecidos durante la gestión del ahora saliente titular de la cartera, tanto Martini como el legislador Marcelo Mango, fundamentaron el voto negativo del bloque al considerar la baja calidad institucional de la gestión de quien ocupara el máximo cargo en el área de Seguridad de la provincia.
Detallaron la discriminación a los pueblos originarios, la falta de investigación a integrantes de la fuerza policial involucrados en presuntos delitos, el no funcionamiento de la Comité Provincial contra la Tortura, la subordinación de las políticas provinciales a las nacionales como “la doctrina Chocobar”.
“Pérez Estevan no garantizó la seguridad de los rionegrinos, no se promovieron salarios dignos, condiciones laborales ni equipamiento adecuado para los policías, no condujo la fuerza de seguridad que ejerció el autogobierno, no aplicó normas democráticas en la formación, impulsó leyes de seguridad regresivas y durante su función aumentaron los delitos de violencia institucional y las muertes en comisarías y penitenciarías”, sostuvo Mango.
Agregó que “fue pésimo que se quisiera sembrar que hay organizaciones terroristas en Río Negro y encima discriminando a todo el pueblo mapuche”.
Por su parte, Martini mencionó el crimen del policía Lucas Muñoz que “afectó la cúpula de la fuerza y a la gestión de Alberto Weretilneck”.
Recordó que “el fiscal general Fabricio Brogna dijo sobre ese hecho que la población de Río Negro está consternada por un caso con ribetes impactantes, un crimen así hace sentir inseguro a cualquier ciudadano de la provincia. En estos años no conocemos opinión ni acción del ministro en este tema, ni siquiera hubo reconocimientos ni homenajes a Lucas Muñoz”.
Se modificó la Ley de Ministerios
La Legislatura de Río Negro sancionó, por unanimidad, la ley remitida por el Poder Ejecutivo que modifica la ley de ministerios, y a partir de ahora, el ministerio de Seguridad y Justicia pasa a ser secretaría de Estado.
La legisladora Julia Fernández (JSRN), fundamentó que las modificaciones apuntan a una reorganización ministerial, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia pasa a ser Secretaría de Estado con “idénticas funciones, misiones y objetivos”, y con rango ministerial.
Fernández indicó que el otro cambio apunta a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente en la Secretaría de Estado de Planificación, pase a la órbita de la Secretaría General.
Juan Martín (Juntos por el Cambio) adelantó el acompañamiento con la expectativa de que “la Secretaría tenga un rol humano y de verdadera conexión con la realidad”.
Por su parte, la legisladora María Martini (FdT) cuestionó que este cambio ministerial “demuestra la total falta de un plan de gobierno”.
Entre sus alcances, la secretaría de Seguridad tendrá a su cargo “la ejecución de los planes, programas y proyectos en seguridad; la promoción y cuestiones institucionales que pongan en juego los derechos y garantías relacionados a la seguridad física, patrimonial y jurídica de los habitantes de la provincia; así como lo concerniente a la organización y dirección de la Policía de Río Negro y el sistema penitenciario y conmutación de penas”.
Asimismo, lo atinente a la asistencia de presos y liberados, organizar e implementar el sistema de fiscalización que el Estado Provincial desarrolle en las rutas y en los caminos, a través de la agencia de Seguridad Vial y en coordinación con los ministerios competentes, entre otras.
25 abril 2024
Río Negro