La Legislatura de Río Negro aprobó este viernes por mayoría la ley que ratifica el acuerdo entre la provincia, YPF y Argentina LNG SAU para el desarrollo del proyecto Argentina LNG en el Golfo San Matías, una iniciativa orientada a la licuefacción y exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta. La norma fue sancionada con 42 votos a favor y 4 en contra, y fija un régimen de incentivos fiscales y estabilidad tributaria por tres décadas.

Un proyecto de escala internacional

Según lo expuesto en el recinto, el plan prevé una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de Gas Natural Licuado (GNL), a través de dos unidades flotantes offshore ubicadas a unos siete kilómetros de la costa, en aguas del Golfo San Matías.

El gas llegará mediante un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 520 kilómetros de extensión, que conectará la producción de Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina. Desde allí, se vinculará con las plantas flotantes para su procesamiento y posterior embarque en buques metaneros.

El esquema operativo contempla además instalaciones portuarias y bases logísticas en tierra, junto con una planta fraccionadora para separar propano, butano y gasolinas naturales, lo que permitirá agregar valor en territorio provincial.

Argumentos del oficialismo

El miembro informante del bloque oficialista, Lucas Pica (JSRN), defendió el acuerdo y lo definió como “la inversión privada más grande de la historia del país”. Sostuvo que la adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue determinante para que la propuesta se radique en la provincia.

Pica señaló que, según estimaciones del presidente de YPF, Horacio Marín, el proyecto podría generar no menos de 40.000 puestos de trabajo. También proyectó que, junto con el desarrollo Vaca Muerta Sur, los puertos rionegrinos podrían alcanzar exportaciones por 40.000 millones de dólares anuales hacia 2030 o 2031.

En relación con la participación local, remarcó que se aplicará la normativa provincial que establece prioridad para la contratación de mano de obra y proveedores rionegrinos bajo el esquema 80/20.

Beneficios fiscales y compromisos

La ley aprobada establece exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades vinculadas al proyecto —excepto la venta local de derivados— y del Impuesto de Sellos en los contratos relacionados. Además, garantiza estabilidad tributaria por 30 años desde la puesta en marcha comercial y la no creación de nuevos tributos provinciales.

Las empresas también quedarán fuera de determinados padrones de recaudación anticipada y retenciones provinciales. A cambio, deberán abonar una Contribución por Aporte Comunitario destinada al desarrollo social e infraestructura en la provincia.

Cuestionamientos por impacto ambiental y condiciones económicas

Desde la oposición, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) cuestionó la estructura societaria del proyecto, señalando que Argentina LNG SAU funciona como sociedad vehículo y que los socios internacionales no figuran en el acuerdo remitido a la Legislatura.

También advirtió sobre posibles impactos ambientales en el Golfo San Matías, mencionando el vertido de efluentes, el aumento de temperatura del agua y el ingreso de especies a través del agua de lastre de los buques metaneros.

En el plano económico, sostuvo que el canon previsto para la provincia es reducido en comparación con la facturación proyectada del consorcio empresario y planteó la ausencia de mecanismos para capturar renta extraordinaria ante eventuales subas del precio internacional del gas.

Votos en contra y apoyos con matices

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) fundamentó su voto negativo en las exenciones impositivas concedidas y en los riesgos ambientales asociados a la infraestructura. También cuestionó las proyecciones de empleo y la relación entre beneficios fiscales y retornos para la provincia.

Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) señaló que el régimen aprobado limita la capacidad del Estado provincial para modificar alícuotas o bases imponibles durante 30 años, y planteó reparos sobre la distribución de responsabilidades jurídicas ante eventuales contingencias.

Desde otros bloques hubo acompañamiento con observaciones. Ariel Bernatene (UCR) destacó la magnitud de las obras previstas, mientras que Juan Martín (PRO) reclamó mayor transparencia en la documentación técnica y ambiental. Martina Lacour, del mismo espacio, acompañó la ley aunque cuestionó la exención del aporte al desarrollo territorial.

El cierre del debate

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, sostuvo que lo aprobado constituye el inicio del proceso y que los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas se desarrollarán en etapas posteriores. También indicó que la provincia no puede cobrar canon por el paso de un ducto nacional por su territorio.

La iniciativa fue declarada de interés público y ahora ingresará en la fase de implementación administrativa y técnica. De acuerdo con lo expuesto en el recinto, el cronograma prevé instancias posteriores de evaluación ambiental y control, mientras el gobierno provincial proyecta un impacto significativo en la estructura productiva de la región.