En los últimos días el
Gobierno Nacional tomó una decisión de gran trascendencia y acierto: el
complejo hidroeléctrico del Comahue, concesionado a grupos internacionales en
la década de los 90, volverá a ser mantenido y operado por el Estado Nacional.
Cabe recordar que la construcción y operación de dicho complejo fue llevada
adelante por la empresa estatal Hidronor, hasta su liquidación y posterior
concesión de los activos.
Esta decisión fortalece la
participación estatal en la generación de un insumo esencial y estratégico para
el desarrollo con equidad de los argentinos como lo es la energía eléctrica.
Debemos tener en cuenta que
esta decisión tiene un impacto no solo en la producción de electricidad, sino
también, y más importante aún, sobre el manejo del recurso hídrico. Hay que
tener en cuenta que la zona del Alto Valle de Río Negro constituye el área
productiva de riego más extensa del país. La soberanía sobre la disponibilidad
y manejo del agua es extremadamente estratégico para el presente y futuro. Más
aún cuando aparecen propuestas extravagantes de ceder la política hídrica a
empresas extranjeras con intereses que nada tienen que ver con el desarrollo
humano sustentable y equitativo que debe primar en la planificación de estas
políticas. Concretamente en Río Negro se está avanzando con la empresa israelí
Mekorot para el desarrollo de un plan de manejo de agua, como si en Río Negro
no tendríamos instituciones y profesionales con conocimiento y fundamentalmente
intereses en el desarrollo sustentable con equidad que requiere nuestro país.
A partir de ahora habrá que
determinar entre otros aspectos, qué destino se dará a la renta que genera la
producción de energía del Complejo. Entendemos que es esencial que los fondos
generados se utilicen para financiar la continuidad del programa de desarrollo de
la hidroelectricidad de la Patagonia, en todas sus etapas de planeamiento,
proyectos y construcción de nuevos emprendimientos.
En ese sentido, lo hemos
expuesto en muchas ocasiones que es prioritario para Río Negro la ampliación de
la superficie con acceso al agua mediante la implementación del aprovechamiento
hídrico que vuelque un pequeño caudal del río Limay desde Arroyito hasta San Antonio
Oeste, constituyendo una fuente de arraigo poblacional en la zona rural, hasta
una vía navegable interna y en definitiva una obra que permita integrar la
región más extensa y abandonada por la provincia al desarrollo un poco menos
injusto y más armónico.
Se trata de un proyecto aprobado
por la Ley 3078/96 y revisado en 1979 /1984/1986/1991, actualizado y modelado
por la Universidad Nacional del Comahue, que espera su implementación en la
medida que una decisión política tan firme y clara como la que hoy tomó la
Presidencia de la Nación, aplique los mecanismos y recursos para hacerlo.
También será importante
avanzar en la articulación con las provincias que son las titulares del recurso
hídrico. En este sentido entendemos que es necesario abrir las negociaciones
entre Nación y provincias para lograr una sinergia en el desarrollo de la
actividad. Hay mucho por discutir y mucho por acordar, pero nunca perder de
vista que lo esencial y trascendente es que los argentinos, en su conjunto,
volveremos a definir nuestro manejo de los recursos hídricos y energéticos del Comahue.
Silvia Horne, Diputada de la
Nación mandato cumplido. Ex candidata a gobernadora de Río Negro por el frente
Vamos con Todos.
16 octubre 2024
Opinion