Solicitan aprobación de proyecto que penaliza la compra y venta de niños

Diputados nacionales instan a avanzar en la tipificación penal de estos delitos para fortalecer la protección infantil

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El bloque Vamos con Todos solicitó a los Diputados de la Nación que aprueben el proyecto de ley presentado en marzo por el diputado rionegrino Martín Soria, que busca tipificar penalmente la "compra" y "venta" de niños y niñas, así como las intermediaciones relacionadas con estos delitos. 

El proyecto de Comunicación, firmado por el presidente de la bancada, José Luis Berros, destaca que la iniciativa Nº 318-D-2024, elaborada por el Bloque Unión por la Patria, propone modificar el Código Penal para incluir estos delitos que actualmente no están contemplados en la legislación. 

Berros enfatizó que, a pesar de haberse presentado más de sesenta proyectos legislativos para incorporar esta figura en el código penal, el Estado nacional aún no ha cumplido con este deber, lo que compromete su responsabilidad internacional y dificulta la prevención y sanción efectiva de esta criminalidad.

En los fundamentos del proyecto, Berros recoge las argumentaciones de Soria y otros legisladores, señalando que el fenómeno de las entregas directas ilegales ha crecido considerablemente, creando un lucrativo negocio cuyas principales víctimas son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y pobreza, junto con sus familias.

La iniciativa legislativa de Soria también contempla una reducción de la escala penal para aquellos imputados que proporcionen información útil que permita identificar a quienes hayan recibido a un menor de edad, intermediado, promovido o facilitado la comisión de este delito, o que ayuden a determinar el parentesco correspondiente a la niña, niño o adolescente. Este enfoque busca combatir a los grupos organizados que lucran con la compra-venta de menores.

Berros concluyó que este proyecto representa un avance fundamental en la protección integral de los derechos de niños y niñas, así como en la persecución penal de hechos que afectan derechos esenciales como la identidad y la filiación genuina. Asimismo, subsana el incumplimiento del Estado nacional de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

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