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La implementación de la Ley N.º 5726, que prohíbe temporalmente el uso de radares de velocidad en Río Negro y anula más de 400,000 infracciones, generó controversia debido a su aplicación parcial. El presidente del bloque ARI Cambiemos, Javier Acevedo, criticó esta situación y solicitó la renuncia del titular de la Agencia de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio.
El Ministerio de Seguridad de Río Negro comenzó a aplicar la normativa, que otorga 90 días a la Agencia de Seguridad Vial (APSV) para regularizar el funcionamiento de todos los cinemómetros en las rutas de la provincia. Durante este período, los radares que no cuenten con la autorización provincial no podrán operar, y se anularán las multas pendientes generadas por estos dispositivos.
Desde su instalación a finales de 2021, se emitieron 445,000 infracciones, de las cuales 41,500 fueron abonadas. Según la nueva legislación, las 403,500 multas restantes deberán ser anuladas. Los radares involucrados en estas infracciones están ubicados en Regina, Cipolletti, Río Colorado, Sierra Grande, Lamarque y Campo Grande-Barda del Medio, siendo Regina el que generó el mayor número de multas (46%).
La APSV ya ha detenido el funcionamiento de estos radares mientras se lleva a cabo el proceso de revisión y regularización. No obstante, Acevedo señaló que la ley no se está aplicando a todos los radares en la provincia. Algunos dispositivos, autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros sin ningún permiso, no están siendo regulados por la APSV. Este es el caso de los radares en Dina Huapi, Bariloche, El Bolsón, Cordero, Conesa y Darwin.
Acevedo expresó que "la Agencia, el Tribunal de Faltas y los Registros del Automotor no están actuando de acuerdo con lo que les impone la ley 5726, vigente desde el 22 de julio". El legislador insistió en que todos los radares autorizados por la APSV deben ser regularizados en un plazo de 90 días y que aquellos sin autorización deben ser prohibidos.
El presidente del bloque ARI Cambiemos acusó a Di Gregorio de no cumplir con la normativa y amenazó con presentar denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acevedo también afirmó que la nueva ley requiere "nuevos funcionarios" y que los actuales deberían renunciar por no haber cumplido adecuadamente con sus tareas.
26 noviembre 2024
Río Negro