Avanza el proyecto que declara a la educación como servicio esencial

La legislatura aprobó por mayoría el proyecto en primera vuelta. El legislador Juan Martin afirmó que la ley es un paso importante para "recuperar el sistema educativo".

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En una sesión marcada por un extenso debate y conflicto con los manifestantes del gremio UNTER, la Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto de ley que declara la educación obligatoria como un servicio estratégico esencial. La iniciativa, que obtuvo 35 votos a favor y 11 en contra, fue impulsada por el legislador Juan Martin (PRO-Unión Republicana) y contó con el respaldo de los bloques Pro Unión Republicana, JSRN, CC ARI Cambiemos Primero Río Negro y UCR, mientras que los bloques de Vamos con Todos y PJ-NE manifestaron su rechazo.

El proyecto, que aún debe ser tratado en segunda vuelta, busca garantizar que las escuelas mantengan un mínimo de actividad durante los paros docentes. Según lo establecido en la propuesta, los establecimientos educativos deberán asegurar que al menos el 30% del personal docente y no docente continúe trabajando durante los dos primeros días de paro, porcentaje que se elevaría al 50% si la medida de fuerza se prolonga por más de dos días consecutivos.

El legislador Juan Martin celebró la aprobación en primera vuelta, afirmando que la ley es un paso importante para "recuperar el sistema educativo". Según Martin, la finalidad del proyecto es que "las escuelas estén siempre abiertas" y que se garantice su funcionamiento mediante guardias mínimas, a fin de evitar que los estudiantes sean perjudicados por los paros prolongados.

La Constitución Provincial prevé que, tras la aprobación en primera instancia, se abra un período de debate para que la comunidad pueda participar y aportar opiniones antes de la sanción definitiva del proyecto.

Por último, Martin destacó el apoyo de otros espacios políticos, agradeciendo especialmente la voluntad del Gobierno para permitir el debate. Además, expresó críticas hacia sectores opositores, a los que acusó de intentar "impedir el funcionamiento de las instituciones".

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