Repudian participación de excomisario acusado de apología del delito en operativo policial

El excomisario Daniel González fue asignado a un operativo de represión tras ser beneficiado con una probation

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El Gobierno de Río Negro enfrenta críticas por la reciente participación de Daniel Eduardo González, excomisario de San Antonio Oeste, en un operativo policial contra trabajadores de la educación que se manifestaban en la Legislatura. González fue acusado de "apología del delito agravada" en 2023 por publicar un video alusivo al terrorismo de Estado en sus redes sociales, pero fue reincorporado y ascendido por la nueva gestión provincial.


González, quien había sido suspendido por 120 días tras el incidente y sometido a un sumario disciplinario, recibió el beneficio de Suspensión de Juicio a Prueba (probation) hace apenas 10 días. Como parte de este acuerdo, se comprometió a donar 50 mil pesos, realizar 50 horas de trabajo comunitario y capacitarse en derechos humanos. Pese a este proceso judicial, la Justicia permitió que mantuviera su expediente limpio una vez cumplidas las condiciones de la probation.


A pesar de su historial, González fue asignado al operativo de seguridad en la Legislatura, lo que generó repudio entre los manifestantes y sectores gremiales. La UNTER criticó la reincorporación del excomisario y su rol en el operativo de represión, que se llevó a cabo contra docentes que protestaban pacíficamente por mejoras laborales.


El video publicado por González en 2023, que incluía imágenes de un Falcon verde y una marcha castrense, fue interpretado como una reivindicación de los secuestros y desapariciones ocurridos durante la dictadura militar en Argentina. Esta acción llevó a su acusación por apología del delito, aunque nunca llegó a ser juzgado debido al acuerdo judicial alcanzado.


Las organizaciones gremiales y de derechos humanos exigen que se investigue la participación de González en el operativo policial del 26 de septiembre, denunciando que su presencia en las filas de seguridad contradice los principios de respeto a los derechos humanos que el gobierno provincial debería promover.

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