Los senadores nacionales Martín Doñate, Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Silvina García Larraburu presentaron ante la Justicia Federal una medida cautelar para detener el proceso de licitación pública que contempla la venta del 100% del paquete accionario de cuatro concesiones hidroeléctricas en la región del Comahue.

Las generadoras involucradas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, incluidas en el pliego PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación. Estas centrales forman parte de uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país, ubicado en el límite de las provincias de Río Negro y Neuquén.

De acuerdo con la presentación judicial, la licitación avanzaría sin cumplir el requisito legal que establece que la tasación previa debe ser realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según se indicó, este procedimiento resulta indispensable para garantizar la transparencia y el cumplimiento del marco normativo vigente.

En el escrito, los legisladores advierten además que el modelo de privatización propuesto por el Gobierno Nacional excluye a las provincias propietarias de los recursos hídricos y reproduce el esquema establecido por la Ley 24.065. En su argumentación, señalan que aquel antecedente benefició principalmente a empresas privadas, en detrimento del Estado y de las comunidades locales.

Otro de los cuestionamientos es que el nuevo pliego no contempla obligaciones de reinversión en el sistema hidroeléctrico para las compañías interesadas en participar. Según la presentación, las empresas concesionarias han obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años sin destinar recursos al mejoramiento de las centrales, y con transferencias de capitales al exterior.

Como alternativa, los senadores proponen un esquema mixto de participación, en el que el 50% del capital accionario quede en manos privadas y el otro 50% sea administrado por las provincias de Río Negro y Neuquén. Asimismo, sugieren que se incluya en las condiciones de la licitación la obligación de reinvertir la mitad de las utilidades en nuevos proyectos hidroeléctricos en la región.

La acción de amparo busca suspender la licitación en curso hasta que se garanticen los mecanismos de control previstos por la normativa y se asegure la participación de las provincias en la administración de los recursos naturales.