Piden informes sobre vinculaciones mineras de Ciccarelli y Machado

Legisladores solicitan detalles sobre concesiones, beneficios y controles estatales de empresas asociadas a empresarios investigados

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Legisladores de Río Negro presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que se detalle la actividad, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados sobre Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico Andrés “Fred” Machado, vinculado a empresas con intereses en la explotación minera y de arenas silíceas para fracking en la provincia.

El pedido, impulsado por el legislador José Luis Berros y acompañado por Ana Marks, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso y Leandro García, requiere información a la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas.

Los legisladores recordaron que hasta el mes pasado el área de Energía, que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos, estuvo a cargo de Andrea Confini, actualmente en licencia por su candidatura a senadora nacional y próxima directora de YPF. Según Berros, el objetivo es determinar si el gobierno provincial “está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Ciccarelli y Machado, requerido por la justicia internacional por lavado y narcotráfico”.

El pedido también incluye precisiones sobre las concesiones mineras otorgadas desde 2005 a empresas como Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining S.A.C. Se solicita información sobre contratos, subsidios, beneficios fiscales, uso de agua, estudios de impacto ambiental, inspecciones, sanciones y eventuales incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.

El caso ha generado especial preocupación por los antecedentes de los empresarios involucrados. Ciccarelli figura como socio y apoderado en distintas firmas vinculadas a Machado, además de haberse desempeñado como empleado estatal y luego adscripto al bloque de Juntos Somos Río Negro. Por su parte, Machado enfrenta causas internacionales por lavado de dinero y narcotráfico, y se encuentra detenido en Viedma a la espera de su extradición a Estados Unidos.

Recientemente, la situación cobró relevancia nacional tras la difusión de documentación judicial en Estados Unidos que vincula a Machado con transferencias de fondos destinadas a campañas políticas argentinas. Los documentos del Bank of America señalan que una transferencia de 200 mil dólares provino de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc, utilizada en operaciones de narcotráfico y lavado en Texas, contradiciendo la versión de que los fondos fueron por asesoramiento profesional.

La legisladora Ana Marks señaló que el requerimiento “trasciende lo electoral” y busca establecer con claridad si existieron beneficios estatales hacia empresas ligadas a capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales, el ambiente y la institucionalidad provincial. Además, se destaca que Ciccarelli mantiene vínculos de confianza con la diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde, situación que ha sido señalada en medios nacionales y que genera cuestionamientos sobre la relación entre empresarios investigados y figuras políticas con proyección electoral en la provincia.

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