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La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) resolvió avanzar en el plano administrativo y judicial en caso de que el Gobierno Nacional no promulgue ni publique la Ley de Financiamiento Universitario antes del vencimiento del plazo legal, previsto para el 20 de octubre. La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión ordinaria del Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (CSPyGE), que aprobó la Resolución 0033/2025.
La medida instruye al rector de la UNRN, magíster Anselmo Torres, a coordinar con las demás universidades del país —a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)— todas las acciones necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la norma 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria. La resolución implica la posibilidad de avanzar con reclamos judiciales, en defensa del financiamiento, la ciencia y la educación pública.
La decisión del órgano colegiado responde al contexto de incertidumbre generado por declaraciones de funcionarios nacionales que advirtieron sobre una presunta falta de recursos presupuestarios para aplicar la ley, pese a que la norma fue aprobada por el Congreso y cuenta con respaldo fiscal. La Ley 27.795 establece un esquema de asignación progresiva de fondos destinado a garantizar la previsibilidad y equidad del presupuesto de las universidades nacionales.
El Consejo Superior de la UNRN también instruyó al Rectorado a articular con las secretarías y organismos universitarios competentes, con el propio CIN, con el Poder Ejecutivo Nacional y con las organizaciones sindicales del sector, para coordinar las gestiones necesarias que aseguren la aplicación de la ley. El objetivo es actuar de forma conjunta con el resto del sistema universitario frente al inminente vencimiento del plazo de promulgación.
Desde la UNRN explicaron que el derecho a la educación es una obligación del Estado y no una opción sujeta a decisiones políticas coyunturales. En ese sentido, la institución reafirmó su compromiso con la defensa de una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base de la soberanía y el desarrollo nacional.
Fuentes del Consejo indicaron que la resolución se apoya también en la preocupación por el deterioro económico y social de las y los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, producto de la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización de los presupuestos institucionales.
El CSPyGE destacó que la defensa del financiamiento universitario resulta fundamental para garantizar las condiciones necesarias de docencia, investigación, extensión y gestión, y subrayó que el sostenimiento presupuestario de las universidades públicas constituye un pilar esencial del derecho a la educación en Argentina.
5 diciembre 2025
Río Negro