Los bloques Partido Justicialista–Nuevo Encuentro (PJ–NE) y Vamos con Todos (VcT) presentaron un proyecto de ley que busca suspender los cortes o interrupciones de los servicios públicos domiciliarios esenciales —gas natural, energía eléctrica y agua potable— en todo el territorio rionegrino hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, apunta a proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad social y económica, garantizando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.

El texto contempla la suspensión de cortes a usuarios que no puedan afrontar el pago de los servicios; jubilados, pensionados y grupos familiares con ingresos por debajo de la canasta básica; y hogares que tengan a su cargo personas con discapacidad. El beneficio alcanzará a quienes habiten una vivienda única familiar, sin importar la titularidad del servicio, y podrá tramitarse mediante una declaración jurada ante las empresas prestatarias, tanto de manera presencial como digital.

Las prestadoras deberán ofrecer planes de pago accesibles, que no superen el 20% del valor de la factura de mayor consumo, y restablecer el suministro en un plazo máximo de 48 horas en casos de cortes previos, sin costos adicionales por reconexión. La Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación, con facultades para intervenir ante negativas injustificadas de las empresas y aplicar multas diarias de $50.000 hasta que se garantice el acceso al beneficio.

Además, el proyecto prevé una campaña de difusión obligatoria a cargo de la Legislatura, la Agencia y las prestatarias para que la población conozca sus derechos. Según sus impulsores, la iniciativa amplía y actualiza los alcances de la Ley N° 4395, sancionada en 2009 por iniciativa de Magdalena Odarda, y prorrogada en varias oportunidades, la última hasta diciembre de 2025.

En los fundamentos se destaca que el actual contexto de bajos ingresos, subempleo y aumento del costo de vida “vuelve urgente garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios básicos para evitar que la crisis económica derive en una crisis humanitaria”. El texto es resultado del trabajo conjunto con la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche, que desde hace años impulsa medidas de protección frente a los cortes de servicios públicos.

La legisladora Ana Marks explicó que el proyecto surge a partir de un seguimiento sobre la aplicación de la ley vigente y de la falta de información sobre su cumplimiento. “Durante el último año realizamos pedidos de informe, porque junto a la Asamblea de Jubilados de Bariloche vimos que no había difusión suficiente y muchas familias seguían sufriendo cortes o acumulando deudas. Por eso proponemos fortalecer la norma con mayor control, sanciones y ampliación de los beneficiarios”, señaló.

Marks subrayó la urgencia social de la medida: “Son muchas las familias que hoy deben elegir entre comprar alimentos, medicamentos o pagar la luz y el gas. Esta ley es una herramienta concreta de protección, aunque sabemos que es un paliativo ante un problema estructural que requiere mejorar ingresos, trabajo y servicios públicos de calidad”.

Por su parte, Magdalena Odarda valoró el carácter progresivo del proyecto: “Esta norma resulta novedosa en relación a otras provincias y tiene carácter tuitivo para las familias rionegrinas con menos recursos. Desde 2008 venimos sancionando leyes con contenido similar, siempre con acompañamiento unánime, porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano básico”.