El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, en un encuentro realizado en la sede del sindicato estatal, donde analizaron el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y coincidieron en la necesidad de enfrentarlo mediante medidas de fuerza y movilización.

Durante la reunión, ambos dirigentes expresaron que existe un consenso creciente dentro de la dirigencia sindical en torno a que el paro y la movilización constituyen las herramientas centrales para rechazar la iniciativa. En ese marco, se planteó que la reforma no puede ser abordada a través de modificaciones parciales, sino que debe ser rechazada de manera integral.

Desde ATE se sostuvo que el proyecto representa una contrarreforma laboral que impacta sobre derechos laborales vigentes tanto en el sector público como en el privado. Según lo expresado durante el encuentro, la iniciativa podría derivar en cambios en las condiciones de trabajo, en los mecanismos de organización sindical y en los ingresos de trabajadoras y trabajadores.

Asimismo, se cuestionaron los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la creación de empleo. En ese sentido, se planteó que la generación de puestos de trabajo está asociada al contexto económico general y que las políticas económicas aplicadas en los últimos años han tenido impacto negativo sobre el empleo formal.

Otro de los puntos abordados fue la posible afectación de derechos colectivos, como el derecho de huelga y la realización de asambleas en los lugares de trabajo. Desde la conducción sindical se señaló que estos aspectos forman parte de los ejes centrales del debate y de la preocupación expresada por distintos sectores gremiales.

También se indicó que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno nacional, la reforma tendría alcance sobre el sector público, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el proyecto propone modificar. Entre ellos se mencionaron PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimiento Carboníferos Río Turbio, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.

En ese marco, también se advirtió sobre los cambios propuestos en la figura del monotributo, que, según se expresó, podrían profundizar situaciones de contratación irregular tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.

Finalmente, se remarcó que el proyecto incluye una modificación al artículo 79, que altera la Ley 18.345 y transfiere la competencia de los conflictos laborales que involucren al Estado nacional al fuero Contencioso Administrativo. Según se explicó, este cambio alcanzaría a los tres poderes del Estado en causas judiciales iniciadas por trabajadoras y trabajadores.