Las clínicas, los sanatorios y los hospitales privados nucleados en las principales entidades del sector suspenderán durante 48 horas los servicios para afiliados de PAMI, el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. La medida responde a la falta de avances en las negociaciones con la obra social y a las dificultades económicas que, sostienen, comprometen la continuidad de las prestaciones.

La convocatoria fue anunciada por CAPRESS, Salud Federal, ACAMI y la agrupación Clínicas de la Patagonia, que vienen reclamando respuestas ante el atraso de los valores que reciben por la atención y las condiciones de contratación. Las entidades advierten que la situación afecta tanto el funcionamiento de los establecimientos como la posibilidad de garantizar la atención de las personas jubiladas y pensionadas.

El conflicto se arrastra desde hace más de dos años y, de acuerdo con las organizaciones, las gestiones ante las autoridades de PAMI y del Ministerio de Salud no permitieron alcanzar soluciones. Tampoco obtuvieron respuesta al pedido de audiencia urgente que presentaron el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En esa solicitud, las entidades plantearon las limitaciones que impone el esquema de contratación de PAMI, los problemas operativos que enfrentan las personas afiliadas y el retraso de los valores retributivos frente a la inflación. Según el comunicado, los aranceles acumulan un atraso de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación en dos años.

El reclamo también incluye una reforma tributaria para los prestadores privados de salud. Las cámaras señalaron que existen iniciativas parlamentarias impulsadas por el oficialismo que contarían con acompañamiento de sectores de la oposición.

Un sistema bajo presión

Las organizaciones sostienen que las prestaciones para los casi seis millones de afiliados de PAMI ya presentan restricciones. Además, cuestionan que la obra social haya comenzado a derivar contratos hacia hospitales públicos, que describen como saturados, reduciendo la cantidad de pacientes asignados a clínicas y sanatorios privados.

Para las entidades, la continuidad de esta situación puede profundizar los problemas de atención y comprometer la sustentabilidad económica de los establecimientos, así como los puestos de trabajo del sector. Por eso, plantean que la suspensión busca obtener una respuesta urgente y abrir una negociación que permita sostener las prestaciones.

El conflicto ya tuvo medidas similares en distintas regiones del país. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada a afiliados de PAMI, en una medida que alcanzó a casi 300.000 jubilados y pensionados.

En esa oportunidad, la interrupción comprendió consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras que se mantuvieron las guardias y las emergencias. Durante la misma semana, más de un centenar de establecimientos del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también suspendieron durante 48 horas los servicios programados.

Las entidades atribuyeron esas medidas al desfasaje entre los aranceles y la evolución de los costos, además de las demoras en los pagos. También señalaron que otros sectores, como oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos, mantienen restricciones en sus prestaciones.

Los cuatro reclamos centrales

Las cámaras plantearon cuatro puntos que consideran necesarios para resolver el conflicto con PAMI:

• Un modelo de atención adecuado a las necesidades y la complejidad de la población jubilada, que garantice la continuidad integral de los tratamientos.

• Actualización de los aranceles, con valores que acompañen la evolución de los costos y permitan sostener las prestaciones.

• Regularización de los pagos de la obra social para evitar el desfinanciamiento de los prestadores.

• Fortalecimiento de las contrataciones con el sector privado, para evitar que las derivaciones sobrecarguen aún más a los hospitales públicos.

Las organizaciones remarcaron el peso del sector privado en la estructura sanitaria nacional. De acuerdo con los datos incluidos en el comunicado, representa aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación, con más de 1.600 instituciones, y concentra el 56% de las camas disponibles, unas 120.000.