Un pedido formal fue presentado ante el Poder Ejecutivo provincial para que se incorpore al temario de las próximas sesiones extraordinarias el proyecto de ley que suspende los cortes de luz, gas y agua a personas y familias en situación de vulnerabilidad en Río Negro, cuya vigencia venció el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, y está dirigida al gobernador Alberto Weretilneck. El planteo advierte que, tras el vencimiento de la norma, se generó un vacío legal que dejó sin cobertura a miles de personas en la provincia.

La suspensión de cortes de servicios esenciales rige en Río Negro desde 2008, a partir de la sanción de una ley que fue prorrogada de manera ininterrumpida durante más de quince años. A lo largo de ese período, la normativa contó con el acompañamiento de distintos bloques legislativos y se consolidó como una política pública de alcance provincial.

Desde el ámbito legislativo se señaló que la prórroga debió haberse aprobado antes del cierre del último período parlamentario, pero el proyecto no fue incluido en el temario de la sesión extraordinaria de diciembre. Esta situación dejó sin protección a sectores como jubilados y jubiladas, pensionados, personas con discapacidad y hogares con ingresos por debajo de la canasta básica.

El nuevo proyecto había sido presentado el año pasado con impulso de la actual senadora Ana Marks y el acompañamiento de los bloques Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro. En la elaboración del texto también participaron jubilados y jubiladas de Bariloche, quienes expresaron su preocupación por el impacto de las tarifas de servicios públicos en sus ingresos.

La propuesta legislativa plantea extender la suspensión de los cortes de servicios domiciliarios esenciales hasta el 31 de diciembre de 2027. Asimismo, establece que las empresas prestatarias deberán garantizar el acceso al derecho mediante mecanismos simples, como la inscripción por declaración jurada.

Entre otros puntos, el proyecto prevé la obligación de ofrecer planes de pago accesibles y prohíbe el cobro de costos de reconexión en aquellos casos en los que los servicios ya hubieran sido interrumpidos.

Desde el bloque impulsor sostienen que el acceso a los servicios públicos esenciales está vinculado a condiciones básicas de habitabilidad, salud y alimentación, y remarcan la necesidad de restablecer el marco legal que proteja a los sectores más vulnerables de la provincia.