El reciente incremento en la tarifa del servicio de agua potable en Río Negro generó cuestionamientos en los ultimos días y advertencias sobre que la suba se suma a otros aumentos en servicios esenciales y transporte que afectan el presupuesto de los hogares de la provincia.

El legislador provincial Leandro García, integrante del bloque PJ–Nuevo Encuentro, fue uno de los dirigentes que manifestó su rechazo al ajuste aplicado por Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) y retomó observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que había objetado el alcance del incremento autorizado.

De acuerdo a lo expresado por García, el aumento dispuesto no se enmarca en criterios de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia, parámetros que —según sostuvo— deberían regir la fijación de tarifas en servicios públicos esenciales como el acceso al agua potable. En ese sentido, el legislador hizo referencia a los dictámenes emitidos por el organismo de control provincial.

El parlamentario también vinculó la suba del servicio de agua con un escenario económico más amplio, caracterizado por aumentos en otros rubros como la energía eléctrica, el gas y el transporte. En ese contexto, señaló que la caída del consumo registrada en distintos sectores tiene un correlato directo en la actividad económica provincial.

En sus planteos, García cuestionó además el rol del Poder Ejecutivo provincial en la validación de incrementos tarifarios, y advirtió sobre la eliminación de subsidios y la falta de continuidad de iniciativas vinculadas a la protección de usuarios y usuarias en situación de vulnerabilidad, como las normas que limitan los cortes de servicios esenciales.

El legislador también se refirió al desarrollo energético de la provincia y a su relación con la situación social. Según indicó, el crecimiento de la actividad vinculada a Vaca Muerta no garantiza por sí mismo una mejora en las condiciones de vida si no se acompaña con políticas públicas orientadas a la distribución de esos recursos.

Por último,recordó antecedentes legislativos vinculados a la defensa de los usuarios frente a aumentos tarifarios, tanto en el ámbito del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) como en debates presupuestarios y fiscales. En ese marco, García planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de los entes reguladores para evitar distorsiones en la fijación de tarifas de los servicios públicos.