Una convocatoria sindical a nivel nacional buscará trasladarse esta semana a las sucursales del Banco Nación, donde delegados y afiliados estatales intentarán acceder a créditos en condiciones similares a las que, según denuncias, fueron otorgadas a funcionarios y personas vinculadas al oficialismo.

La iniciativa es promovida por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que definirá la modalidad de la medida en una reunión de su Consejo Directivo Nacional prevista para este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. Según anticipó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, la organización apunta a movilizar a más de mil delegados en todo el país, con impacto en las 709 sucursales que posee la entidad bancaria.

El planteo se da en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la entrega de créditos con condiciones preferenciales. De acuerdo con lo señalado por el dirigente, los trabajadores buscarán acceder a préstamos “de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación” que habrían recibido funcionarios, legisladores y personas allegadas a La Libertad Avanza.

Aguiar también puso el foco en los criterios aplicados para la aprobación de esos créditos, al advertir que en algunos casos no se habría exigido estabilidad laboral, un requisito habitual para este tipo de operaciones. En ese marco, mencionó como ejemplo la situación de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien habría accedido a un préstamo recientemente y luego fue desvinculado de su cargo.

El dirigente sindical reclamó además explicaciones oficiales sobre la política crediticia y sostuvo que deberían iniciarse investigaciones administrativas y eventuales denuncias judiciales para determinar responsabilidades. En sus declaraciones, también vinculó la situación con el contexto económico general y las dificultades de acceso al crédito para amplios sectores de la población.

Entre las personas mencionadas como beneficiarias de estos préstamos figuran funcionarios del Banco Central, directivos de YPF, la diputada nacional rionegrina Lorena Villaverde y el director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira. Los montos de los créditos oscilarían entre los 100 y los 530 millones de pesos, con condiciones que, en algunos casos, no se corresponderían con los ingresos declarados.

La medida que analiza ATE se enmarca en una estrategia de visibilización y presión institucional, con acciones simultáneas en distintas provincias. El alcance concreto de la convocatoria se definirá tras el encuentro del Consejo Directivo, donde participarán representantes de las 24 jurisdicciones del país.