La investigación por trata con fines de explotación laboral en Viedma incorporó nuevos detalles sobre las condiciones en las que se encontraban las ocho personas rescatadas y sobre el mecanismo mediante el cual habían llegado a la ciudad. Según explicó la coordinadora del Programa de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata, Angélica Calfín, el grupo era oriundo de Santiago del Estero y estaba integrado, entre otros, por una madre y sus cuatro hijos. Ahora permanecen bajo resguardo y el Estado trabaja para garantizar su regreso a su lugar de origen.

La nueva información surge de los datos difundidos por Gendarmería Nacional y del testimonio de Calfín, quien explicó cómo continúa la asistencia luego del operativo. La fuerza federal informó que durante el procedimiento fueron hallados siete mayores y un adolescente de 16 años en una finca donde realizaban tareas de cosecha, en condiciones de vulnerabilidad e insalubridad.

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Gendarmería también informó que durante el operativo fueron secuestradas herramientas utilizadas para las tareas de cosecha, cuatro teléfonos celulares y documentación. Además, tres personas vinculadas con la investigación fueron trasladadas a la Unidad Policial Federal de Viedma. La Sede Fiscal Descentralizada de Viedma ordenó la continuidad de las actuaciones.

Calfín explicó que las ocho personas formaban parte de una cuadrilla de trabajadores que era trasladada a distintos lugares para realizar tareas. Según relató, una persona se encargaba del reclutamiento y del traslado del grupo, mientras que la residencia se encontraba en una vivienda ubicada en Viedma.

Uno de los elementos que surgió durante las entrevistas realizadas por los equipos de asistencia fue el mecanismo de endeudamiento al que estaban sometidos. La coordinadora aclaró que no se detectó retención de documentación ni de teléfonos celulares: las personas tenían sus documentos y podían comunicarse. Sin embargo, explicó que existía otro tipo de sometimiento. “Había otro grado de sometimiento, que era el tema de que estaban endeudados todo el tiempo”, sostuvo Calfín. Según señaló, esa situación constituía uno de los factores que impedían a los trabajadores abandonar el lugar.

La coordinadora también detalló que las personas podían salir de las habitaciones donde permanecían, pero tenían restricciones para abandonar el predio. “Tenían una libertad ambulatoria, o sea, podían salir de lo que es la habitación, pero no del portón”, explicó al describir las condiciones que fueron relevadas durante la intervención.

Los equipos provinciales realizaron entrevistas individuales y posteriormente una instancia conjunta con las personas rescatadas. De acuerdo con Calfín, los relatos obtenidos coincidieron entre sí y también con la información aportada en la denuncia realizada a través de la Línea 145.

El origen de la investigación estuvo precisamente en esa denuncia. La presentación permitió que la Justicia Federal iniciara las pesquisas y que posteriormente se ordenara el allanamiento en la finca donde fueron encontradas las ocho personas.

Calfín aclaró que el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata trabaja sobre los indicadores encontrados y en la protección de las personas, pero que la determinación sobre la existencia de un delito corresponde a la Justicia. “Quien determina si es o no, es la Justicia. Nosotros somos auxiliares”, señaló.

Las ocho personas decidieron retirarse voluntariamente del lugar, por lo que desde el programa se habla de un “rescate voluntario”. A partir de ese momento comenzó una etapa diferente: el resguardo, la atención de las necesidades básicas y la organización del retorno a sus lugares de origen.

Actualmente permanecen en un lugar de resguardo definido por los equipos que intervienen en el caso. “Tenemos un lugar determinado a resguardo. Estamos insistiendo en lo que corresponde a las necesidades básicas y haciendo el contacto para su posterior retorno”, explicó Calfín.

Entre las personas asistidas hay una madre con cuatro hijos. El adolescente de 16 años forma parte de ese grupo familiar y, según lo manifestado durante la intervención, no realizaba tareas laborales. También hay una persona con epilepsia, por lo que el abordaje incluye atención de sus necesidades sanitarias. “Estamos atendiendo la cuestión sanitaria, haciendo un abordaje integral”, señaló la coordinadora, quien explicó que el acompañamiento no se limita a la asistencia inmediata posterior al operativo.

Las personas rescatadas son todas oriundas de Santiago del Estero. El objetivo del programa provincial es acompañarlas hasta que puedan regresar voluntariamente a su lugar de origen, para lo cual el Gobierno rionegrino brindará los medios necesarios para concretar el traslado.

El seguimiento continuará luego en Santiago del Estero a través del programa de asistencia de trata de esa provincia. “En cada provincia hay un programa de trata”, explicó Calfín, al describir el mecanismo de continuidad de la asistencia una vez que las personas abandonen Río Negro. La intervención provincial continuará mientras la Justicia Federal lo determine. La investigación, en tanto, sigue bajo la órbita de la Sede Fiscal Descentralizada de Viedma, que dispuso la prosecución de las actuaciones luego del operativo.

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El caso suma así nuevos elementos a partir de la información oficial difundida después del rescate: además de las condiciones de vulnerabilidad detectadas, aparecen un esquema de reclutamiento y traslado, situaciones de endeudamiento, restricciones para abandonar el lugar y una organización familiar particular entre las personas asistidas.

Mientras la Justicia avanza para determinar las responsabilidades correspondientes, el Estado provincial mantiene el acompañamiento de las ocho personas y trabaja en el próximo paso de la intervención: garantizar su regreso a Santiago del Estero y la continuidad de la asistencia en su lugar de origen.