Hay noticias que llegan desde Buenos Aires y parecen pertenecer a otro país. Se leen, se comentan durante unas horas y después desaparecen debajo de otras noticias. Pero algunas viajan. Se meten por las rutas, llegan a los pueblos, se instalan en los bares, en los talleres, en las redacciones, en las conversaciones de quienes conocen un nombre y sospechan que detrás de ese nombre hay una historia que todavía no fue contada. La condena de Gonzalo Sánchez es una de esas historias.

El miércoles 26 de agosto, el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 16 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta a Gonzalo Sánchez, alias “Chispa” u “Omar”, exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El tribunal lo consideró coautor de 178 casos de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad.

La sentencia fue unánime. Sánchez escuchó el veredicto desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde permanece detenido. Había estado prófugo durante 15 años y fue extraditado desde Brasil en 2020. Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de octubre. Pero para San Antonio Oeste, para Río Negro y para quienes siguieron aquella historia desde una pequeña ciudad de pescadores, la noticia tiene una dimensión mucho más profunda. Porque Sánchez ya había sido noticia en San Antonio Oeste casi un cuarto de siglo atrás.

Una noticia de Buenos Aires que llgó a los Barcos

Era comienzos de los años 2000. En San Antonio Oeste había crisis pesquera, conflictos laborales y empresas que entraban y salían del negocio. En ese contexto apareció Gonzalo Sánchez. Quería hacer barcos. O eso decía. Había llegado vinculado a la actividad pesquera y naval y pretendía instalar un astillero en la ciudad. Se presentaba como perito naval, constructor, proyectista especializado en ingeniería pesquera y portuaria. Hablaba de inversiones, de trabajo y de la posibilidad de emplear a unas 150 personas. Pero había otra historia.

Cuando a fines de los 90 y comienzos de los 2000 el juez español Baltasar Garzón impulsó pedidos de extradición contra represores argentinos, el nombre de Sánchez apareció entre los requeridos. La Argentina rechazó entonces su extradición.

En San Antonio Oeste, un pueblo donde casi todo termina conociéndose, el comentario empezó a circular. En los barcos. En las plantas pesqueras. En las oficinas. En las calles polvorientas. Y especialmente entre trabajadores que conocían a Sánchez por su actividad como armador y por sus vínculos con empresas pesqueras. Había quienes aseguraban que aquel hombre que hablaba de barcos había formado parte de los grupos represivos de la dictadura. La versión podía haberse perdido entre tantos rumores. Pero alguien decidió seguirla.

El periodista Pedro Caram tomó aquella punta del ovillo y comenzó a reconstruir la historia. Consultó archivos, registros vinculados al Juicio a las Juntas y el informe Nunca Más. Buscó documentación que permitiera confirmar si el hombre que pretendía instalar un astillero en San Antonio era efectivamente el mismo Gonzalo Sánchez que aparecía vinculado a la ESMA. Y encontró las coincidencias. Después llegaron los testimonios.

“¿Y qué hace ahí?”

Entre los sobrevivientes de la ESMA consultados estaban Carlos García, Elisa Tokar, Liliana Gardella y la periodista Miriam Lewin. Los recuerdos eran precisos. Sánchez había sido visto en distintos sectores del centro clandestino, entre ellos “El Sótano”, “Capucha”, “El Dorado” y “La Pecera”. Los testimonios lo ubicaban dentro de la estructura operativa y lo describían como alguien que circulaba por las instalaciones y tenía conocimiento de lo que ocurría allí. Lewin, al enterarse años después de que aquel hombre identificado como represor trabajaba en San Antonio Oeste, formuló una pregunta que quedó grabada en la historia local:

“¿Y qué hace ahí?”. No era una pregunta menor. Era la distancia entre una ciudad de la Patagonia y uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la dictadura. Entre la ESMA y San Antonio Oeste había miles de kilómetros. Pero el pasado había llegado hasta allí.

"Sólo quiero hacer barcos"

Cuando el periodista Pedro Caram lo entrevistó en el muelle pesquero sanantoniense, Sánchez no aceptó hablar de ese pasado. Dijo que había trabajado en Prefectura. Que había sido inspector técnico. Que era constructor naval. Que quería instalar un astillero. Cuando se le preguntó por las versiones que lo vinculaban con la ESMA, respondió que no sabía de qué se hablaba.

Y cuando la entrevista avanzó hacia la dictadura, dejó una frase que, leída hoy, adquiere una dimensión distinta: “El proceso militar fue uno más de todos los que han pasado en este país.”

Después volvió a los barcos. “Yo hago buenos barcos”, dijo. La entrevista fue tensa. La mirada profunda e intimidante de Sánchez quedó registrada en una fotografía tomada por el reportero gráfico Martín Brunella en aquel muelle de San Antonio Oeste.

La publicación periodística provocó una reacción inmediata. Los pescadores habían expresado su rechazo a la presencia de Sánchez. Los antecedentes comenzaron a ser discutidos públicamente y el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste tomó el caso. Pero había una dificultad: había que confirmar que el hombre que estaba en la ciudad era efectivamente el mismo que aparecía en los antecedentes judiciales y documentales.

En plena sesión del Concejo Deliberante, Caram aportó un dato decisivo: el número de documento de Sánchez, obtenido de los registros de la guardia de Prefectura donde el hombre realizaba los trámites para que zarpen los buques pesqueros de la empresa para la que trabajaba. El número coincidía con el consignado en los registros vinculados al pasado represivo.

El Concejo Deliberante, presidido entonces por el abogado Miguel Ángel Galindo Roldán, declaró por unanimidad a Gonzalo Sánchez persona no grata para San Antonio Oeste. También rechazó el proyecto relacionado con la instalación del astillero que pretendía impulsar. La decisión fue definida por Galindo Roldán como “un castigo moral, un hecho simbólico que apunta a su conciencia”.

Meses después, la historia llegó a la Legislatura de Río Negro. Los entonces legisladores Eduardo “Bachi” Chironi —quien había sido detenido durante la dictadura— y Guillermo Wood impulsaron una declaración para extender la condición de persona no grata a todo el territorio provincial. La Legislatura la aprobó. Así, una comunidad de la costa atlántica y el Parlamento rionegrino construyeron una respuesta política y simbólica frente a alguien que, pese a los antecedentes que lo vinculaban con la represión ilegal, había intentado reconstruir su vida pública muy lejos de aquel pasado. Aún estaban vigentes las leyes de impunidad que fueron derogadas años después durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El largo camino dela Justicia

La historia no terminó allí. Reabiertas las causas por delitos de lesa humanidad, Sánchez permaneció prófugo durante 15 años. En 2013 fue detenido por Interpol en Brasil, en Angra dos Reis, donde residía como ingeniero naval y ejercía como pastor evangélico. Luego volvió a quedar en libertad y su situación judicial continuó durante años hasta que finalmente fue detenido nuevamente en 2020 y extraditado a la Argentina. El juicio oral que terminó la semana pasada fue el noveno tramo de la megacausa ESMA.

La investigación alcanzó originalmente a un número mayor de víctimas, pero las condiciones de la extradición desde Brasil limitaron el alcance del juzgamiento argentino. El tribunal finalmente consideró probado que Sánchez fue coautor de 178 privaciones ilegítimas de la libertad. Entre las víctimas aparecen nombres emblemáticos de la represión ilegal, como Rodolfo Walsh, Norma Arrostito, Dagmar Hagelin, Ana María Ponce y Patricia Roisinblit, entre muchos otros. Las querellas y la fiscalía habían solicitado una pena de 25 años. El tribunal impuso 16 años y 8 meses. La fiscalía anticipó que apelará.

La condena no borra los años de impunidad. Tampoco devuelve a los desaparecidos. No reconstruye las familias quebradas por el terrorismo de Estado. No cambia lo ocurrido en la ESMA. Pero establece algo fundamental: la Justicia argentina volvió a ponerle nombre, responsabilidad y condena a uno de los hombres que integraron aquella maquinaria de secuestro y desaparición.

La memoria también tiene domicilio. Quizás por eso la condena de Gonzalo “Chispa” Sánchez no debería leerse solamente como una noticia judicial de Buenos Aires. También es una historia de San Antonio Oeste. De los trabajadores que desconfiaron. De los pescadores que preguntaron quién era aquel hombre. De los documentos que fueron buscados en archivos. De los sobrevivientes que reconocieron un rostro décadas después. De una entrevista realizada en un muelle. De una fotografía. De un Concejo Deliberante que decidió decir que no. De legisladores provinciales que entendieron que la memoria no debía quedar encerrada en los expedientes de Buenos Aires.

Y de un periodista que, frente a un rumor que podía haberse perdido en la conversación cotidiana de un pueblo, decidió hacer la pregunta elemental del periodismo: ¿es cierto?. Casi 25 años después, la respuesta llegó desde un tribunal federal. Sánchez fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

La noticia que alguna vez llegó a San Antonio Oeste desde Madrid, desde Buenos Aires y desde los tribunales españoles finalmente volvió a salir de Buenos Aires con una sentencia. Durante años, “Chispa” quiso ser solamente un hombre que hacía barcos. La Justicia terminó reconstruyendo quién había sido. Y en San Antonio Oeste, mucho antes de que llegara esa sentencia, hubo quienes se negaron a olvidarlo.